En mayo de 2027, la Asamblea Mundial de la Salud elegirá al próximo director general de la Organización Mundial de la Salud. La lista oficial de candidatos —siete hasta ahora— se dará a conocer a fines de octubre; en enero, el Consejo Ejecutivo seleccionará a tres finalistas, y quien resulte elegido asumirá el 16 de agosto de 2027 por un mandato de cinco años. Será una de las elecciones más trascendentales en la historia de la organización, que llega a ella debilitada financieramente y bajo asedio político.

Pero hay un dato que debería incomodarnos: Panamá figura entre los nueve países cuyo derecho a voto en la Asamblea quedaría suspendido si no se ponen al día con sus cuotas obligatorias. Compartimos esa lista con Burundi, Costa de Marfil, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental y Turkmenistán. Si a ellos se suman otros diez Estados ya sancionados y los propios Estados Unidos, apenas 174 de los 194 miembros podrían votar. Un país con nuestra vocación de servicio al mundo, sede de organismos internacionales y del principal centro logístico humanitario de la región, no puede darse el lujo de quedarse mudo en la elección que definirá la conducción de la salud global durante la próxima década.

El contexto agrava la falta. La OMS y la OPS atraviesan una de las peores crisis financieras de su historia, en buena medida provocada por la hostilidad de la actual administración estadounidense. Tras el anuncio del retiro de Washington —que en el bienio 2022-2023 aportó hasta 1,300 millones de dólares, el 16 % del presupuesto total—, la OMS tuvo que reducir su presupuesto para 2026-2027 de 5,300 a 4,200 millones de dólares, recortar a la mitad sus departamentos y eliminar más de mil puestos de trabajo. La OPS, cuyo principal contribuyente ha sido siempre Estados Unidos, aprobó una reducción presupuestaria del 19 % y, aun así, arrastra un déficit cercano a 138 millones de dólares en sus programas básicos, mientras las cuotas impagas de los Estados Miembros superan los 179 millones.

En este escenario, cada cuota cuenta. No se trata solo de cumplir una obligación jurídica; se trata de sustentar a las instituciones que nos sostienen cuando más las necesitamos.

Nadie en Panamá debería dudar de cuánto nos apoyan. Desde que el terremoto del 9 de octubre sacudió al país, la OPS/OMS activó su respuesta de emergencia y acompaña al Ministerio de Salud en la evaluación de daños —138 establecimientos revisados—, la vigilancia epidemiológica, el agua y el saneamiento y la continuidad de los servicios esenciales. Facilitó dos módulos materno-neonatales desde Costa Rica y mantiene personal en Los Santos. El ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas también han brindado apoyo. Esa cooperación no surge de la nada: la financian las cuotas de los Estados Miembros, incluidas las nuestras.

Le compete, pues, al Gobierno nacional demostrar independencia, valentía y responsabilidad. Independencia, porque Panamá no debe alinear su política sanitaria internacional con la de ninguna potencia que haya decidido darle la espalda al multilateralismo. Valentía, porque respaldar decisivamente a la OMS y a la OPS en este momento tiene costos políticos que vale la pena asumir. Y responsabilidad, porque honrar los compromisos es la base de la credibilidad de un país.

Concretamente, el Gobierno debería saldar de inmediato sus atrasos con ambas organizaciones, recuperar plenamente su derecho a voto antes de la Asamblea de mayo y participar activamente en el proceso electoral —desde el foro de candidatos de noviembre hasta la votación final— con una posición propia, informada y coherente con los intereses de la región.

La salud pública no conoce fronteras; los terremotos tampoco. En estos días recibimos la mano tendida de la comunidad internacional. Lo mínimo que podemos hacer es corresponder y, como bien dice el refrán, amor con amor se paga.

El autor es médico salubrista.