La calzada de Amador ha sido un bien público de alto uso colectivo. Desde que revirtió al Estado en 1979, como producto de los Tratados Torrijos-Carter, se convirtió en un espacio de esparcimiento para las familias, los jóvenes y los deportistas de la ciudad. En la década de 1990, el Estado, a través de la ya desaparecida Autoridad de la Región Interocéanica (ARI), emprendió un millonario plan de remodelación, que dio lugar a un masivo desarrollo comercial y turístico del área.
Como producto de su éxito, en 2013 se inició la ampliación a doble vía de la calzada, pactada originalmente a ser concluida en 18 meses, es decir, en 2015, sin embargo terminará en las próximas semanas de este año.
En el camino surgieron algunos empresarios que buscaron explotar parte de ese bien público para bienestar privado, conceptualizando opciones inmobiliarias que le cercenaban los derechos de uso colectivo a los usuarios de esa privilegiada zona, pero gracias a Dios desistieron del intento.
Como dije, faltando pocas semanas para la entrega de la ampliación de la calzada, en total serán 38 meses, no 18, los que han transcurrido desde que se inició la construcción. Un retraso que, por supuesto, afectó el funcionamiento de los negocios del área. La mitad de las 60 empresas que operaban cerró, y más de 800 personas perdieron sus fuentes de ingresos. En isla Perico, de los 16 restaurantes que funcionaban en 2013, hoy solo operan dos.
La ausencia de un plan de mitigación de esos riesgos y el retraso de la construcción de la obra, afectaron el funcionamiento de los negocios, por lo tanto, es justo que sean compensados. El Estado tiene muchas maneras de hacerlo. Una de ellas podría ser que cuando la calzada sea reabierta y el flujo de visitantes se recupere y crezca, las empresas afectadas tengan la primera opción para restablecerse en el área.
Mensaje final. Ese extraordinario bien público, que con su ampliación potencia su uso colectivo, demanda mayor participación ciudadana en su operación y mantenimiento. Un patronato, con participación pública, debería ser el garante de su correcta gestión, para evitar el deterioro observado en el pasado reciente.