Imperdonable que fiscales panameños hayan ejercido un proceso penal en Panamá contra panameños, que nada tenían que ver con la infamia de los “Panama Papers”; una supuesta investigación que no fue más que un robo descarado de información confidencial y publicitado por un consorcio internacional de periodistas, cuyo propósito fue destruir la imagen de la república de Panamá.
Un caso infame que no tenía ni tiene fundamento jurídico, y que llevó a un colega a tener que recostarse en su lecho de muerte. Si bien el proceso termina, en primera instancia, con la inocencia comprobada de todos los acusados, se trata de una victoria pírrica frente al caído, mi colega Ramón Fonseca Mora; pero importante decisión judicial para la institucionalidad e imagen internacional de nuestro país.
Este consorcio de periodistas decidió publicar, tal cual, información robada de los archivos virtuales de un bufete panameño, por quienes desde el anonimato que hoy mantienen, aparentemente fueron pagados por el gobierno de Alemania para desacreditar la imagen de Panamá. Periodistas sin ningún escrúpulo, que, bajo el amparo del interés público, deciden publicar información obtenida de manera ilícita. Pero lo triste es que fiscales panameños se hayan hecho eco de semejante infamia, lo cual nos ha costado a los contribuyentes millones de balboas del erario.
Recuerdo aquel momento cuando el gobierno de Juan Carlos Varela, para contrarrestar el efecto negativo de los “Panama Papers”, nombra una comisión de alto nivel que fue un completo y total desastre. Incluía a un Premio Nobel (un tal Stiglitz) que termina renunciando pocos días después, porque sus posturas confrontaban a las de los panameños en esa comisión.
Y nos fue peor, porque ese señor lo que hizo fue llegar a Panamá para escupir sobre nuestro régimen corporativo y financiero, hoy regulado hasta los tuétanos, pero existente en el medio de ataques y listas injustas. Y una vez renuncia, se dispara una verborrea internacional contra Panamá, cuyo efecto tal vez, fue peor que los mismos “Panama Papers”. Una pésima decisión política del gobierno de Varela, porque la imagen de Panamá (que es lo que querían levantar con el nombramiento de Stiglitz), empeoró a su máxima expresión.
Debo aclarar que “Panamá Papers” no fue producto de un periodismo investigativo, sino de un robo de información (jaqueo o como se llame), lo que además es delito. Del que se benefició el susodicho consorcio internacional de periodistas que, en su propia página, lo que han publicado son los archivos de expedientes confidenciales; y no el producto de una investigación objetiva sobre algún hecho ilícito específico. Tanto así, que en esa página hay un descargo por el cual los periodistas aceptan la legalidad del ejercicio profesional que implica la expedición de instrumentos corporativos y financieros de carácter confidencial; pero dados a conocer en su propia página, por lo que se liberan de responsabilidad frente a posibles consecuencias por dichas publicaciones de información reservada. Pero que tuvieron el descaro de publicitarla a diestra y siniestra, sabiendo que no lo podían hacer porque afectaba beneficiarios finales y profesionales involucrados, no habiendo nada ilícito en la gran mayoría de instrumentos jurídicos expedidos.
Quisieron hacer ver que fuera de Panamá, hubo consecuencias gravísimas. Como, por ejemplo, la renuncia del primer ministro de Islandia. Lo que no se dijo es que la sociedad involucrada en el caso del mandatario islandés, no era panameña, sino de “British Virgin Islands” (BVI). Por cierto, que el primer ministro de Islandia no cometió delito (su dinero lo recibió por herencia familiar). Solo que no declaró esa sociedad en su país, que además no era panameña.
Pero nadie atacó a otras jurisdicciones que continuaron realizando, exactamente lo que le criticaron a Panamá frente a la exposición de los “Panama Papers” (la cantidad de instrumentos corporativos panameños a nivel mundial, no llegan ni al 0.5% del total). Incluso, la mayoría de las sociedades involucradas en este robo de información, no eran panameñas, porque no llegaban ni al 40% de lo que manejaba el bufete intervenido injustamente.
Pero lo triste es que el Ministerio Público de Panamá, se haya ensañado con panameños que nada tenían que ver, con ningún tipo de comportamiento delincuencial. A medida que se lee el fallo, nos percatamos de que habían acusado por blanqueo de capitales, a colaboradores del bufete panameño, simplemente por enviar algún correo interno para dilucidar opiniones o criterios jurídicos.
O a directores nominales que solamente firmaron formularios para abrir cuentas bancarias, y que jamás dispusieron de un solo centavo. Peor todavía, de sociedades que no estuvieron involucradas en ningún tipo de delito o de evento delictivo. Pero como estas compañías fueron reveladas (ilícitamente), por el flamante consorcio de periodistas, estos fiscales de patio, presumieron delitos por ese solo hecho, cuando estos nunca se dieron ni existieron.
Mi aplauso de pie nuevamente a la jueza Baloisa Marquínez, quien desde 2022, había solicitado el sobreseimiento provisional para todos los involucrados. Sugerencia que el Tribunal Superior desechó, forzándola a acoger el llamamiento a un juicio sin pies ni cabeza, frente a la apelación de la fiscalía (apelación que, por cierto, está nuevamente efectuando para que se decida este injusto proceso en segunda instancia). Y finalmente, mi reconocimiento al caído, Ramón Fonseca Mora, ante la coyuntura de una justicia tardía, cuyo trauma no se lo auguro a ningún colega. Que la paz del descanso eterno sea su premio, aunque nos cueste entenderlo.
El autor es abogado.
