Transcurridos 41 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, contra todos los pronósticos, Panamá ha logrado superar con creces los retos emanados de los pactos: no solo ha logrado administrar y manejar el Canal mejor que lo hizo Estados Unidos por más de 85 años, sino que ha satisfecho con responsabilidad la urgente necesidad de ampliar su capacidad para satisfacer la demanda futura del comercio mundial.
El éxito alcanzado por Panamá en el manejo del Canal, justo es decirlo, se debió a la visión que tuvo el expresidente Guillermo Endara, cuando el 14 de mayo de 1991 creó la Comisión Presidencial que, bajo el liderazgo de Joaquín J. Vallarino, diseñó el marco constitucional y legal que garantizaría el manejo del Canal por Panamá libre de interferencias políticas. El proceso lo completó su sucesor, Ernesto Pérez Balladares, bajo cuya administración se aprobaron el Título Constitucional del Canal (1994) y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (1997).
Ese proceso tuvo la virtud de concitar la unidad nacional alrededor del objetivo patriótico de proteger el Canal de los políticos. Pero transcurridos 18 años del traspaso del Canal, la agencia canalera enfrenta los siguientes nuevos desafíos:
1. Dos de los 11 miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal (Nicolás Corcione y Henri Mizrachi) enfrentan procesos por presunta corrupción en los tribunales. Una decisión del Consejo de Gabinete de separarlos de sus cargos debe ser ratificada por la Asamblea Nacional, pero el proceso ha quedado estancado debido al impasse que enfrenta a los órganos Ejecutivo y Legislativo.
2. Un tercer directivo (Marco Ameglio) renunció en junio de 2018 para aspirar a la presidencia de la República, y el próximo año vence el periodo de un cuarto directivo (José A. Sosa).
3. Esa junta directiva “discapacitada” tiene en su agenda la incursión del Canal en nuevos negocios para potenciar a Panamá como hub logístico, lo que incluye el aprovechamiento de su patrimonio (tierras y aguas) y la actualización de su estructura organizativa, a fin de optimizar su aporte al Estado.
4. La incursión en nuevos negocios exigirá una ley “paraguas” que integre las leyes que regulan las zonas francas, para brindarle a los inversionistas el esquema bajo el cual operarían aquí. Además, la ACP debe adecuar sus reglamentos para promover de forma dinámica las concesiones para que se desarrollen en tierras bajo su patrimonio ambiciosos proyectos ya identificados.
5. El diseño de la ley “paraguas” requiere el mismo ambiente de mutua cooperación entre el Legislativo y el Ejecutivo que prevaleció en los años 1990 y una junta directiva transparente en lo relativo al reglamento de concesiones.
6. El periodo del administrador, Jorge Quijano, expira en 2019, y su reemplazo debe ser designado por la junta directiva con tiempo suficiente para que la transición se desarrolle de forma imperceptible.
7. La terminación del periodo de Quijano coincide con la jubilación de más del 50% del equipo de alta dirección de la ACP.
Los retos señalados ocurren en un escenario político enrarecido y desbordado por las pasiones políticas. Ese clima hace poco menos que imposible la toma de decisiones acordes al interés nacional, a menos que se retome aquel espíritu que prevaleció en la década de 1990. Los desafíos vis a vis el clima político fueron analizados recientemente por Trinka, centro de pensamiento al que pertenezco, que estimó urgente un diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la participación de notables, para resolver los problemas atinentes a la junta directiva. Y en cuanto al próximo administrador, sería prudente que de la alta gerencia de la ACP se designe a un administrador interino, hasta que una renovada junta directiva esté en condiciones de nombrar al titular en propiedad
El autor es periodista