Truenos y centellas anuncia Nicolás Maduro si la Organización de Estados Americanos decide, en sede de su Consejo Permanente, aplicar la Carta Democrática Interamericana – constitución fundamental de las Américas – para facilitar el restablecimiento de la normalidad democrática en Venezuela. Y sus áulicos, por ende, no hacen más que desfigurar realidades, interpretar a su antojo las normas de ese instrumento que, en su fase de redacción, busca frenar Hugo Chávez Frías, pero que, llegado el momento de la adopción, en 2001, cuenta con el ucase meritorio de su canciller Luis Alfonso Dávila.
No es del caso recordar que la citada carta es el producto de una larga evolución histórica en las tesis democráticas latinoamericanas, siendo su penúltimo hito la Declaración de Santiago de 1959, que enuncia los componentes de toda democracia a fin de que sea considerada como tal y sin adjetivos. Pero es aquella, a la vez, una suerte de parte aguas. Hasta entonces, la democracia encuentra como su opuesto las dictaduras militares, los golpes de Estado clásicos.
En lo adelante, observándose la experiencia del gobierno de Alberto Fujimori en Perú, se advierte otro signo de distinto tenor al apenas finalizar el siglo XX. Como lo recordara hace pocas horas el expresidente Alejandro Toledo, es mal hábito de ahora usar la puerta de los votos para la elección de gobernantes que, en su ejercicio, trastocan los elementos esenciales de la democracia -derechos humanos, Estado de derecho, separación de poderes, pluralismo, libertad de prensa, voto libre - para luego prosternar el principio de la alternabilidad y asegurarse mandatos perpetuos. Chávez, en efecto, es hijo legítimo de Fujimori y Maduro, su causahabiente.
La abogada que hoy funge como órgano de las relaciones exteriores venezolanas, en la actual circunstancia y ante el Informe que sobre el régimen de Maduro elabora el Secretario de la OEA Luis Almagro opta, desesperada, por el fraude jurídico a conveniencia. Afirma que Almagro abusa, al no pedir autorización previa de su gobierno para invocarla y que, a fin de cuentas, no media en la hipótesis la presencia de un golpe de Estado.
El artículo 20, antes bien, se refiere a las alteraciones graves del orden constitucional y democrático, a saber, las que ocurren cuando son desconocidos por gobiernos originariamente democráticos los elementos esenciales de la misma democracia, que es derecho de los pueblos que estos han de garantizar. De allí la novedad citada. Y en el supuesto, justamente, es cuando la carta le ordena al secretario general informar de ello al Consejo Permanente y a este decidir sobre las medidas de intensidad creciente que permitan el restablecimiento de lo alterado, en cualquier país de la OEA, sin su permiso. Y nada más. De modo que las providencias en cuestión no son otras que las gestiones diplomáticas, buenos oficios, negociaciones, mediaciones, etc. Se trata de algo nada diferente a lo que, nominal y coloquialmente, pero como burladero, propone el gobierno ladino de Maduro.
La cuestión de fondo es que si su gobierno continúa relajando los elementos esenciales de la democracia – destruyéndola de raíz – en la fase de acompañamiento institucional por parte de la OEA y se comporta de mala fe u obstaculiza la normalización democrática pretendida, al término puede ser sancionado. Es la última instancia.
De allí que pueda decirse que solo un diálogo soportado por la OEA tiene destino cierto. En tanto que el diálogo organizado unilateralmente por Maduro y su canciller, con el respaldo del secretario de la Unasur y de expresidentes a su medida, sin contar con la aprobación de los Estados miembros de esta organización paralela, carece de propósito democratizador. Si fracasa -que ya ha fracasado sin siquiera comenzar– nada pasa y todo pasa. Se gasta el tiempo, ese que buscan manejar a su favor Maduro y la Rodríguez para impedir que el pueblo decida en las urnas en 2016 y ejerza su derecho al referendo revocatorio de la dictadura que le humilla y quita el pan.
30 expresidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), le han expresado al secretario Almagro su respaldo, sobre todo por el coraje de honrar sus obligaciones y dar testimonio de compromiso con la ética de la democracia. Le ha dado vida al artículo 20 de la carta cuya validez – despreciada por el Gobierno venezolano – igualmente invoca Chávez al ser víctima del quiebre constitucional del 11 de abril de 2002, que se aplica en su mismo caso en 2004, y más tarde para salvar de su tragedia a su compinche, el hondureño Manuel Zelaya.
Almagro, por lo visto, no es lacayo del Socialismo del siglo XXI. No por azar la rabieta hace habitáculo en la Casa Amarilla, al toparse con un honesto “esclavo del derecho”.