Al analizar la situación económica en las que se han encontrado las finanzas de nuestro país, y ver la brecha existente y lo que el gobierno actual ha llamado “sexta frontera”, lo que genera pobreza, desigualdad, falta de productividad y de desarrollo de capacidades; observamos la necesidad de fortalecer las asociaciones público privadas (APP), de la mano de la política pública de descentralización del país, como herramientas para el logro del desarrollo integral, sostenible y armónico de cada región de Panamá.
Lo anterior se lograría haciendo alianzas con los gobiernos locales y regionales y con la inversión privada y su libre iniciativa y competencia, con la sociedad civil, con prohibición clara de tratamientos discriminatorios, promoviendo con ello la generación de empleos productivos y produciendo la agilización de los procesos que dinamizarían la economía nacional.
Con la presentación de un nuevo anteproyecto de ley de APP, se acerca el momento de dar mejor vida jurídica a las figuras de dichas asociaciones público privadas, impulsar las ya diseñadas, e incluso debatir y aprobar un nuevo marco legal regulatorio, que permita consolidarlas y alinearlas actualmente con estándares internacionales y resolver posibles dificultades encontradas en su desarrollo, de manera tal que se hagan más operativas en la agilización de la inversión privada, y puedan hasta combinarse con la debida regulación legal de una nueva figura como lo es la ejecución de “obras por impuestos” (que ya existe en otros países), con el fin de hacer mucho más eficiente la ejecución de la inversión pública en todo el país, encontrando en ellas una nueva fuente de financiamiento de proyectos públicos de gobiernos regionales y locales con buenos resultados a través de la inversión privada.
Con lo planteado, adelantaríamos el desarrollo socioeconómico, mejoraríamos recursos financieros, aceleraríamos la ejecución de obras, desplegaríamos los programas de responsabilidad social empresarial y desarrollaríamos obras de alto impacto social.
Esos importantes cambios nos hacen vislumbrar que la aplicación de las APP dinamizarían la economía, pero, previo a ello, debe desarrollarse una campaña informativa sobre los beneficios del nuevo proyecto de ley, con la finalidad de alcanzar los motivos u objetivos planteados.
La autora es asesora legal y consultora