El debate que se ha planteado en la Asamblea Nacional sobre una nueva ley para las universidades panameñas no puede desligarse de los recientes episodios ocurridos en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). Estos casos ponen en evidencia una crisis profunda en torno al concepto de autonomía universitaria, principio que debería garantizar libertad académica, gestión transparente y desarrollo científico, pero que en la práctica se ha visto debilitado por la injerencia política y el nepotismo.
La autonomía universitaria no significa impunidad ni aislamiento. Es, en esencia, la posibilidad de que las universidades se autogobiernen, administren sus recursos y tracen su proyecto académico sin la manipulación de intereses partidistas. Sin embargo, la realidad panameña muestra lo contrario: disputas por rectorías, procesos legales interminables, pugnas de poder y nombramientos que responden más a favores políticos que al mérito académico.
El caso de Udelas es un ejemplo claro: elecciones cuestionadas, desconocimiento de fallos judiciales y una comunidad universitaria que ha visto cómo se socava la credibilidad institucional. En la UMIP, las denuncias sobre interferencias externas confirman un patrón que se repite. El resultado es un daño directo a los estudiantes, que deberían ser el centro de la vida universitaria, pero terminan convertidos en espectadores de conflictos ajenos a su formación.
La reflexión es urgente: ¿queremos universidades que funcionen como extensiones de partidos políticos o como verdaderos espacios de pensamiento crítico y producción de conocimiento? La primera opción perpetúa el estancamiento; la segunda abre la puerta al progreso y a una sociedad más justa.
Panamá necesita universidades enfocadas en la investigación, la innovación y la formación de profesionales capaces de enfrentar los retos del país. Para ello, se requiere una legislación que refuerce la transparencia en la elección de las autoridades, que limite el clientelismo y que garantice procesos democráticos reales. La educación superior no puede seguir siendo moneda de cambio en la política criolla.
Es igualmente necesario que la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y administrativos— asuma un rol más activo en la defensa de sus instituciones. La autonomía no se preserva solo con leyes; también exige una ciudadanía académica vigilante, comprometida y dispuesta a exigir cuentas. La pasividad frente a los abusos abre la puerta a que los partidos políticos conviertan las universidades en feudos de poder, olvidando su razón de ser: la producción de conocimiento y la formación integral de ciudadanos.
La ética académica debe ser otro pilar central en este debate. Quienes ejercen como académicos tienen la responsabilidad de ser ejemplo para la sociedad, priorizando valores, respeto al disentimiento y compromiso con la verdad. La universidad no puede convertirse en un escenario de ambiciones personales ni de intereses partidistas; su esencia está en formar ciudadanos críticos y libres.
Hoy, más que nunca, el debate legislativo debería ser un punto de partida para corregir el rumbo. No bastan los discursos sobre modernización ni las reformas parciales: se necesita voluntad política y ética académica. El Estado, como garante del bien común, debe asegurar que las universidades sean espacios de desarrollo, investigación y formación, y no escenarios de confrontación estéril.
De lo contrario, seguiremos viendo universidades atrapadas en conflictos internos, estudiantes desmotivados y una sociedad que pierde la confianza en sus centros de conocimiento. La autonomía universitaria debe volver a ser lo que fue pensada: una herramienta para garantizar libertad, calidad y progreso, que inspire a nuevas generaciones de profesionales comprometidos con su país.
El desafío está planteado: o defendemos la autonomía universitaria con firmeza y transparencia, o aceptamos resignados que nuestras universidades se conviertan en escenarios de poder y no en laboratorios de futuro. Panamá no puede darse ese lujo si aspira a construir una democracia sólida y una educación superior a la altura de los tiempos.
El autor es terapeuta ocupacional y docente universitario.
