Las bibliotecas públicas son el repositorio intelectual de una sociedad, su estado y presupuesto un claro indicador de la importancia que la nación le brinda a la educación y el mejoramiento del saber. Desde su concepción más básica responden a un amplio proceso de democratización del conocimiento, donde la ciudadanía, independientemente de sus medios económicos, recibe la oportunidad de cultivar y expandir los horizontes de su calidad de vida. Desafortunadamente, falta posar la vista en las bibliotecas de nuestro país para darnos cuenta que en Panamá eso dista de ser la prioridad. Desde 1942, cuando la Biblioteca Nacional fue establecida bajo la Ley 89 de 1941 y hasta la fecha, el país ha experimentado un impresionante desarrollo económico que no se ha sabido reflejar en el fortalecimiento de nuestra infraestructura educativa. Si bien esto puede responder a una plétora de factores multidimensionales, entre los que destaca la falta de voluntad política y corrupción institucional, la realidad de fondo yace en un Estado carente de eficiencia y fuertemente centralizado. Para muestra un botón, el sistema de bibliotecas nacionales se encuentra tan desfasado de la modernidad, que la sede central en Parque Omar no cuenta con el presupuesto para ofrecer servicio de Internet a sus visitantes. ¿Como pretendemos, en esta era digital, atraer a estudiantes e investigadores a la institución del conocimiento si ni siquiera se cuenta con las herramientas más básicas?
Quizás la respuesta se encuentra más allá del Estado. El traspaso administrativo que se dio recientemente del sistema nacional de bibliotecas bajo el auspicio del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura es indicativo de un aparato estatal sobrecargado y en clara necesidad de delegar funciones para mejorar resultados. En esa línea, tenemos la oportunidad de apostar por una estrategia de descentralización donde los municipios y gobiernos locales jueguen un rol más activo en la diseminación del conocimiento. A través de una política pública enfocada en revitalizar la red de bibliotecas municipales mediante decretos alcaldicios y patronatos locales podríamos generar un mayor acercamiento a las comunidades y sus necesidades de aprendizaje. Para ello, se llevarían a cabo consultas ciudadanas por medio de las juntas comunales, permitiendo identificar el interés de la comunidad y asimismo atraer el apoyo de entidades privadas. Mediante la colaboración de la esfera privada, como bancos o empresas multinacionales, se podrían alcanzar convenios de contribución a través de donaciones en infraestructura, libros o equipo técnico. Este enfoque aliviaría los impactos negativos propios de la ineficiencia de un estado tan centralizado como el nuestro, al mismo tiempo que acercaría las bibliotecas a las comunidades que más las necesitan.
Ahora bien, es posible pensar que la tecnología en general y Google en específico han acabado con la necesidad intelectual de asistir a una biblioteca para aprender. No obstante, la modernidad nos invita a entender las bibliotecas como mucho más que un espacio donde almacenar libros. En si contienen un enorme potencial para fungir como faros del diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico para nuestras juventudes. Con actividades dirigidas a expandir áreas del conocimiento, como clubes de lectura, conservatorios, cursos y exposiciones tenemos la oportunidad de convertir estos espacios en la columna vertebral de la cultura panameña. Si el estado no entiende la importancia de preservar el conocimiento, la sociedad civil lo hará.
El autor es abogado y amigo de fundación libertad.
