Hay individuos que se conducen sin disimular su desprecio por los demás. O se los tienen que llevar de una playa por violar normas sanitarias establecidas para proteger a todos en una pandemia o agreden a seres que, supuestamente, son objeto de su afecto… En fin, actúan como si estuvieran buscando una colisión constante con la ley y sus semejantes. Por eso es que si personas así llegan a poseer la investidura de un cargo, no debe asombrarnos que lo antisocial de su conducta se siga reflejando en sus actos.
Hace dos meses, la autorización para construir un mercado de mariscos fue suspendida por una juez civil y, hasta donde sabemos, esa decisión no ha sido revocada. Sin embargo, después de que entró en vigor la orden que suspendió los efectos del acuerdo municipal que autorizó la obra, el alcalde José Luis Fábrega siguió adelante con el acto público relacionado con ese proyecto y, desde entonces, celebró dos actos de homologación y la recepción de ofertas, a la que nadie se presentó. ¿Por qué razón un servidor público intentaría ignorar la orden de una juez que suspende un acto municipal y, en su lugar, decide seguir adelante, prescindiendo de la autorización necesaria para ejecutar una obra? Una explicación sería que ese funcionario sabe de antemano que, aunque haga todo el show preparatorio, no va a adjudicar la obra suspendida. Al final, sin una adjudicación, no hay un acto administrativo susceptible de impugnación por violar la orden de la juez. Pero, ¿por qué un funcionario querría convocar a un acto público con la intención de no tener que adjudicarlo? Lo que ocurrió -o lo que no sucedió- esta semana, podría ser beneficioso para alguien que, por ejemplo, estuviese en sintonía con un contratista potencial. La ausencia de proponentes podría aparentar que no hay arreglos previos con ninguna empresa. Ahora solo tendría que resolver aquello que motivó la orden de suspensión de la juez y llamar a un nuevo acto de recepción de ofertas, al que seguramente sí llegará el proponente que ya lo tiene todo arreglado y, si cumple los requisitos, se lleva la obra. Nadie debería asombrarse si algo de esta historia hipotética se hace realidad, porque cuando se trata de este tipo de funcionario, la realidad supera a la ficción.
El próximo martes, José Abel Almengor comparecerá ante la comisión evaluadora que entrevista a los aspirantes a magistrado. Esto debe ser visto como una excelente oportunidad para finalmente escuchar las explicaciones que le debe a la población desde hace años. Acostumbrado a no dar la cara, en 2009, cuando era fiscal y le abrieron un proceso disciplinario por permitir que un acusado por blanqueo saliera del país, saldó el asunto con su renuncia. Dos años después, hizo lo mismo: renunció como magistrado, apurado por dar carpetazo a la odisea que representó su participación en un plan para sacar a Ana Matilde Gómez de la PGN, razón por la que acumuló hasta seis denuncias en la Asamblea. Si ya la comisión evaluadora dijo que el futuro magistrado debe tener un “historial personal y profesional caracterizado por la integridad, la independencia, la ausencia de conflictos de intereses y un compromiso con la justicia”, entonces Almengor -sin que alguien se lo pida- debería hacerse a un lado, entendiendo que sus circunstancias no se ajustan al perfil requerido. Pero ya que insiste, entonces que use esos preciados minutos ante la comisión para decir la verdad, revelar la lista íntegra de sus cómplices y ofrecer disculpas de una buena vez.
