Hace mucho tiempo que las actuaciones de la Asamblea Nacional se divorciaron de los objetivos nacionales, y opera como una gran sala de estética, especializada en dar tratamientos de belleza a actos de corrupción y de abuso de poder y de recursos del Estado. Y no es que esto sea un secreto o uno de los misterios de la creación del universo; es un hecho tan públicamente conocido, que ha sido admitido, incluso, por algunos diputados.
Un ejemplo de ello se dio esta semana, después de que La Prensa informó que la Asamblea había contratado a 1,727 personas adicionales, entre abril de 2021 y abril de 2022. Esto, en cierta forma, fue un descubrimiento inevitable: solo había que consultar la planilla que regularmente divulga la Contraloría General de la República en su sitio en internet, para darse cuenta de ese incremento. Después de la publicación, el diputado Juan Diego Vásquez dijo: “Yo, que estoy aquí todos los días, te digo que esa cantidad de personas no trabaja aquí… Lamentablemente, cobran sin trabajar y debe ser investigado”. Menos escandalizado se mostró Leandro Ávila, quien justificó el incremento de la planilla, alegando que “la gente, producto de los golpes por esta crisis, por la falta de empleo en el sector privado, acude a la Asamblea… Uno no le cierra la puerta a todo el mundo”. A uno que no se la cerraron, hace años, fue a Raúl Pineda. En 2008, Pineda era candidato a diputado por el circuito 8-6 en las primarias del PRD y, a la vez, asistente administrativo en el despacho del entonces diputado Milciades Concepción (hoy ministro de Ambiente), con un salario mensual de $1,500. Por su doble rol de funcionario y candidato, Pineda fue investigado por la presunta comisión del delito de honradez del sufragio ya que, según la denuncia, “no marca ni asiste a laborar regularmente, por estar haciendo campaña política”. El entonces presidente de la AN, Raúl Rodríguez, envió una nota a la Corte Suprema, para informar que este funcionario “estaba exento de registrar su asistencia en el sistema digital de la institución”. Ustedes ya adivinan lo que sucedió después: la Corte, rauda y veloz, ordenó el archivo del expediente. Así que hay que concluir que lo que ocurre con el personal de la Asamblea es una situación conocida dentro y fuera del Legislativo, y que desde hace años sucede a ciencia y paciencia de funcionarios y ciudadanos. Bueno, de casi todos: Ernesto Cedeño, después de escuchar a Juan Diego Vásquez, acudió ante la fiscal de Cuentas para pedir que se solicite a la Contraloría que realice una auditoría, con el propósito de verificar si todas esas personas nombradas o contratadas en la Asamblea, ejecutan una labor y, de ese modo, constatar si estamos o no frente a una lesión patrimonial. Así que aquí vamos de nuevo… La última vez que la Contraloría fue a auditar la Asamblea, ya sabemos qué pasó. Es cierto que muchos protagonistas han cambiando. No sabemos si eso es malo o bueno, pero es un factor que aporta mas incertidumbre a la situación. Así que estamos frente a una nueva temporada de la misma serie de terror. Y como en toda serie, tendremos que preguntarnos si esta será la temporada final y si sobrevivirán los villanos o sus víctimas...
