Diálogo era el nombre de un programa de televisión que por años condujo Luz María Noli. Allí, la periodista sostenía una conversación con alguna personalidad invitada por ella, a la que formulaba preguntas escogidas también por ella. Y no es que eso fuera malo; al contrario, esa era parte importante de su labor. Un diálogo nacional para la búsqueda de soluciones vinculantes, sin embargo, no es un talk show, aunque esa sea la dinámica que algunos quieren imponer en la denominada “mesa única” en Penonomé.
Ahora que llegó el turno de debatir sobre corrupción, lo que debió ser una valiosa oportunidad de reconducir la gestión pública está a punto de sucumbir ante la improvisación y la falta de objetivos, de una adecuada metodología y de un real entendimiento de la razón de ser de la discusión. Ni siquiera parecen contar con los interlocutores idóneos, que aporten validez al resultado, cualquiera que este sea. Un debate sobre teología, por ejemplo, quizá sería útil entre clérigos, estudiosos, creyentes y hasta no creyentes, pero difícilmente serviría que sumaran allí al Colegio de Laboratoristas o a la Sociedad de Ingenieros. Cuando uno ve cosas como el uso de este foro televisado para protestar -varias veces- porque una funcionaria de Ampyme criticó a educadores en Twitter, comprueba que algunos participantes no saben para qué están allí y su ignorancia nos perjudica a todos. El gobierno, por su parte, no lo ha hecho mejor: actúa como si esta fuera una fase simplemente informativa, en la que la contraparte tiene que acatar todo lo que se diga.
El viceministro de la Presidencia, Carlos García -quien ahora parece llevar la voz cantante- se ha apegado al guión que, desde julio de 2019, repite el Ejecutivo: que recibió las finanzas públicas con un déficit de $2,300 millones y que todo se agravó con una serie de eventos que van desde la pandemia, los huracanes Iota y Eta y la invasión a Ucrania. Solo le faltó música instrumental de fondo. La Presidencia admitó que el presupuesto para 2023 no contempló la prometida reducción de la planilla y hasta aumentó -a $149 millones- la partida para los aumentos salariales.
Según García, esos compromisos no se pueden evadir, porque son producto de leyes especiales, como si se tratara de la ley de la gravedad, la cual no podría modificar ni aunque quisiera. Pero no pensaban así cuando modificaron la ley de la Unachi para facilitar la reelección de su rectora. ¡Ah!, pero si se trata de contención del gasto, entonces no se puede cambiar la norma. El Ejecutivo informó en Penonomé que hay 22 directores y subdirectores “ejecutivos” en el Ministerio de la Presidencia y que el 10% gana más que Gaby Carrizo. Y ello se debe a leyes especiales. Como Carrizo y Cortizo reciben lo mismo, resulta que un grupo de cercanos colaboradores del presidente gana más que él. El chiste se cuenta solo.
Otro disparate afloró en relación con la flota de la Presidencia. Las alianzas preguntaron por el alquiler de 144 vehículos. Luis Amado, asesor económico de la Presidencia, informó que una “investigación de mercado” determinó que el costo de cada vehículo es de $77 mil, y que un sedán oscilaría entre $48 mil y $58 mil. “El cálculo fue hecho en 24 meses con la depreciación y por eso se concluyó que era más costoso comprar que alquilar”. Como lo que recibió Amado no fueron muestras de admiración, tuvo el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, que salir al rescate del asesor.
Al final, ha ocurrido lo que muchos advirtieron. Los grupos que la Iglesia puso en cuarentena en la primera fase del diálogo tendrán que aceptar o desconocer -en una segunda mesa- los acuerdos, bien o mal alcanzados. Ahora que la Iglesia no será la facilitadora, ¿qué pasará si los resultados de la primera y la segunda fase se excluyen entre sí?
