Todo tiene su final. Así dice la canción. Y un proceso por lavado de dinero no es la excepción
El pasado 6 de mayo, la fiscalía de Nueva York presentó al juez Raymond Dearie una nota con fuertes aseveraciones que sustentan la pena que sugieren sea aplicada a Ricardo Alberto y Luis Martinelli Linares, y una semana después, la defensa entregó una réplica que, si bien es un florido esfuerzo literario -considerando las circunstancias de los acusados-, deja entrever que están rascando el fondo de la cazuela de argumentos.
Por ejemplo, la defensa intentó comparar la pena recomendada por la fiscalía con la aplicada a José Carlos Grubisich, antiguo CEO de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht envuelta en otra vertiente del mismo mega caso de sobornos. Para Grubisich, la fiscalía pidió el año pasado 60 meses de prisión y el juez Dearie fijó la condena en 20 meses. Este no es siquiera un asunto nuevo: ya la fiscalía había explicado por qué las realidades del exejecutivo de Braskem y de los Martinelli Linares son distintas. Grubisich “personalmente no recibió ni invirtió para sí el dinero producto de sobornos” y ello contrasta con el yate y el condominio de lujo para provecho personal a los que dedicaron una parte significativa de los fondos blanqueados quienes ahora se presentan a sí mismos como simples intermediarios. Otro aspecto que quizá marca una gran diferencia entre los dos casos es que, según sus propios abogados, los hermanos, ahora confesos, se han atrevido a afirmar que no sabían que lo que hacían era “ilegal”, mientras que habría sido hilarante que al CEO se le ocurriera argumentar cosa semejante.
Llama la atención que, aunque los defensores han reiterado durante las últimas semanas que la pena tendría que ser igual o cercana al tiempo que han estado detenidos (23 meses), el 29 de abril pasado enviaron una nota al juez Dearie donde piden que, si sus clientes tienen que cumplir tiempo adicional en prisión, sean enviados a un camp. Según el Buró de Prisiones, hay 122 centros penitenciarios federales en Estados Unidos, divididos en cinco niveles de seguridad. Un camp tiene un nivel tan bajo, que ni siquiera alcanza al de baja seguridad: sus cercas perimetrales son limitadas o inexistentes y no hay celdas tradicionales, sino dormitorios. La vigilancia es escasa y hay una proporción relativamente baja de personal por cada recluso. Es decir, la severidad de la vida en un camp es tan leve, que ni siquiera parece una facilidad penitenciaria.
Teniendo en cuenta que el acuerdo alcanzado con la fiscalía fue aprobado por el juez, sería correcto asumir que él ya conoce la identidad del tan mencionado familiar cercano. Ojalá pronto la revelen públicamente, para que los panameños -verdaderas víctimas de esta maquinaria de corrupción- al menos reciban algún premio de consolación. Así, tal vez, el asunto no quede tan solo allí. No es justo que un país extranjero haya investigado, extraditado, procesado y habrá condenado a dos panameños que fueron actores importantes del esquema de sobornos de Odebrecht, mientras que aquí, no les haya pasado nada.
