En los próximos 13 meses, ¿qué es más probable que suceda? ¿Que usted pesque un resfriado o que haya precandidatos a puestos de elección popular usando recursos del Estado con fines electoreros? Si tiene que pensar qué responder, eso ya es bastante malo. Y lo que es peor: pasa abiertamente, pero nadie le pone un alto.
Por eso, esos funcionarios se ríen con ese aire sarcástico que da la certeza de la impunidad. Tan solo esta semana, en la víspera de los comicios internos de CD, hemos visto al alcalde de Capira y exchofer de Yanibel Ábrego repartiendo bonos por $400 mil de fondos de la descentralización; a una docente de la Unachi denunciando el supuesto uso de la base de datos de la universidad para enviar correos con propaganda a favor de la reelección de Etelvina de Bonagas, y al Tribunal Electoral desmintiendo al diputado Alaín Cedeño, quien se jactaba de que las obras que “realiza” en su circuito -identificadas con su nombre- tienen la “aprobación” del TE. El uso de recursos del Estado en campañas ha sido advertido públicamente por Martín Torrijos, Rómulo Roux, Kayra Harding, Nellys Herrera y otros más, solo en lo que va del mes de marzo. Es muy frustrante, repetitivo, inútil y hasta aburrido seguir hablando de esto, sin que haya consecuencias.
Y es que, en la actualidad, el uso de los fondos del Estado es algo así como un diablo rojo sin frenos: la población se acuerda de que aún circulan, el día que uno de ellos atropella a alguien o se vuelca. Es decir, cuando el daño ya está hecho. Como pasó en la CSS. El desorden que hay ahí permitió que se llevaran 10 mil ampollas (o 20 mil, según a quién se le pregunte) de fentanilo.
El director de la CSS permanece inmutable y no ha dado el único paso decoroso que permiten las circunstancias: renunciar; mientras, la junta directiva de esa institución, que es la única que puede solicitar al presidente que lo destituya, aún no lo ha hecho. Cortizo, por su parte, pidió el jueves que se le permita al Ministerio Público “avanzar” en la investigación por la “presunta desaparición” del fentanilo. ¿Es que alguien impidió ese “avance” durante los últimos cinco meses? Y si el presidente dice que fue una “desaparición”, entonces, ¿la piensan investigar con una sesión espiritista? Aquí falta una explicación seria y adulta de la razón por la que se ha guardado silencio sobre algo tan grave desde el año pasado y por no haber hecho antes una inspección ocular al Departamento de Farmacia del Complejo Hospitalario. Con el detalle que adorna a esos comunicados del MP que anuncian la condena de alguien por cazar iguanas, hace tiempo debieron informar a cuántos funcionarios le han tomado declaración y cuántas auditorías y diligencias se han hecho por la “desaparición” del fentanilo.
No quisiéramos pensar que están esperando que los involucrados acudan voluntariamente a la fiscalía. Se supone que las sustancias como el fentanilo se manejan con una serie de controles y permisos, desde su importación, hasta su empleo final en pacientes. ¿Ya verificaron los eslabones de esa cadena de suministro? No se sabe qué luce peor: la casi incontrovertible participación de funcionarios en la sustracción de las ampollas o el sospechoso papel desempeñado por la CSS y las autoridades de investigación. Y la población comienza a preguntarse cuántas otras veces la CSS ha callado asuntos tan serios. Ojalá no vengan con el cuento de que el responsable era un chofer o que las ampollas contenían placebos, como trataron de hacer cuando sucedió lo de la vacunación clandestina en Coco del Mar y Punta Pacífica.
