De cuando en cuando hay eventos que marcan la historia del país. Y sin discusión, el viernes se dio uno de esos, cuando Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron condenados a tres años de prisión (más dos de libertad supervisada) por conspirar para recibir y blanquear coimas de Odebrecht.
Menos histérica, pero no menos interesante, fue la reacción de muchos panameños. Algunos inconformes con la sentencia, porque opinan que es escasa; otros, porque la consideraban injustamente extensa. Pero quizá la reacción más llamativa fue aquella que se dio cuando Sean Hecker dijo que Rica y Luis se convirtieron en unos criminales, “porque el padre se los pidió”. Tiene algo de irónico que a estas alturas hubiera gente casi escandalizada con la situación, porque era uno de los secretos peor guardados de este país. Por otro lado, la participación de todos ellos no es ninguna novedad ni nada que se le parezca. Ya en 2017 se había hablado harto de ese rol. André Rabello, el intendente de Odebrecht cuando se desembolsaban las coimas, los identificó como “lobistas” de la constructora, “destinados a resolver los obstáculos que podían mantener en diversos ministerios responsables de agilizar los trámites de los contratos y los pagos a favor”, como consta en la página 683 de la vista fiscal elaborada por la Fiscalía Especial Anticorrupción y que firmó Tania Sterling. En su acuerdo de colaboración, Rabello contó que por ese “lobbismo”, a los hijos se les pagó $42 millones, “y un poco más de $4 millones para solventar las deudas de la campaña de su padre, Ricardo Martinelli Berrocal”. También contó que en algunas ocasiones, “estos pagos se hicieron a través de la estructura que pertenecía a Riccardo Francolini”. Todos sabíamos que, en ese momento, en esa época, ni Ricardo Alberto ni Luis Enrique detentaban algún cargo con mando y jurisdicción en Panamá, así que mal podrían haber estado haciendo esas diligencias a nombre propio. El sentido común indica que tendrían que haberlo hecho en nombre de la persona que tenía el poder de hacer realidad los pagos y la adjudicación de los contratos que quería Rabello.
Y es que por muy Odebrecht que sea una empresa, ninguna compañía entrega decenas de millones de dólares a los hijos de nadie, sin saber a quién ellos están representando. Así que la sorpresa no debe estar motivada por las afirmaciones hechas en la sala del juez Dearie, ni en los intercambios epistolares de las tres últimas semanas entre la fiscalía y la defensa. El asombro debe estar en cada panameño que todavía se pregunta cómo un país extranjero pudo investigar, procesar y condenar a dos participantes de un esquema de corrupción que protagonizó muchos de sus episodios en Panamá, sin que en este país haya sucedido nada. Si en junio de 2020 hubiese aterrizado el avión que los traía de Bahamas, seguramente ahora mismo estarían en un yate, bebiendo champaña. Hay que tener muy poca vergüenza ciudadana cuando tu propio país no es capaz de sancionar la corrupción y otro te enseña qué tan fácil resultó. ¿Qué vamos a hacer con estos dos arrepentidos, cuando Estados Unidos los deporte?
