Alejandro Pérez ha sido dirigente estudiantil de un movimiento de izquierda. También fue un prominente miembro del partido Panameñista. Mireya Moscoso lo designó viceministro de Gobierno y Justicia, y hasta fue abogado de la expresidenta y de, al menos, uno de los Varela. Todo eso quedó atrás desde que se unió al séquito abogadil que aconseja, defiende y acompaña a Ricardo Martinelli. Allí adquirió un rol estratégico, llegando incluso a protagonizar eventos como el de la presunta coincidencia con el esposo de una juez del caso pinchazos en el club deportivo Unión Española. Ahora está decidido a llegar a la Asamblea el 1 de julio. Pero, ¿por qué un abogado de Martinelli se empeña tanto en ocupar una curul a costa de una candidatura que adquirió apenas dos meses antes de las elecciones, cuando el expresidente fue inhabilitado tras la condena por blanqueo de capitales en el caso New Business? Tal vez a partir del 1 de julio sepamos si Alejandro Pérez es Martinelli y Martinelli es Alejandro Pérez. Sin embargo, parece que la suerte le salió huyendo en la elección: la lista de Vamos arrasó en ese circuito, con 43,871 votos, y Moca obtuvo 16,200; mientras, su partido, Realizando Metas (RM), solo recibió 10,594 votos. Hasta el vapuleado PRD sacó casi 6,000 votos más que RM. Luego de aplicar el mecanismo de cociente, medio cociente y residuo, las curules se adjudicaron a Roberto Zúñiga y Jorge Bloise, de Vamos; Ernesto Cedeño y Grace Hernández, de Moca, y Javier Sucre, del PRD. Pero en una demanda de nulidad de la elección y proclamación del 8-4, Pérez alega que si la junta circuital de escrutinio hubiese contabilizado 11 actas que tenían errores insalvables (que en total representaban unos 4,400 votos), eso “hubiese podido darle los votos necesarios al partido RM para alcanzar el medio cociente”. Hasta aquí cualquiera pensaría que Pérez está inconforme porque no se contaron las actas de 11 mesas, pero eso no es así: en su demanda también reclama porque 14 actas sí se contaron, aunque, según él, tienen “inconsistencias”, que seguramente son iguales a las de las 11 que no fueron contabilizadas porque no hubo manera de solventar sus errores. Palo porque boga y palo porque no boga. En conclusión, pide celebrar nuevas elecciones en 25 mesas del circuito. ¿En verdad Alejandro Pérez cree que el resultado será distinto a la abrumadora tendencia registrada el 5 de mayo, y que ninguno de los candidatos que lo vencieron va a recibir votos en ellas? ¿O es tan solo un servicio más que presta a su cliente, para torcer la posible mayoría que decidirá la nueva junta directiva de la Asamblea?
A Ubaldo Vallejos no le admitieron su demanda contra la proclamación de Benicio Robinson en el circuito 1-1, porque no aportó las facturas que demostrarían que el impugnado rebasó los topes de gastos de campaña. ¿Qué se supone que debía hacer Vallejos? ¿Pedirle a Robinson que buenamente le entregara la constancia de esos gastos? ¿O acudir directamente a los proveedores, que seguramente son amigos de Robinson, para pedir copias de todas las facturas? ¿Acaso ese juzgado electoral no podía practicar pruebas u otras diligencias que determinaran la comisión de un delito electoral? Esta debe ser la única esfera donde hay que entregar todas las pruebas al momento de demandar a alguien, para que admitan el caso. Si es así, ¿para qué necesitan un juez? Si el que impugna ya ha hecho todo el trabajo, entonces lo que necesita es un notario. ¿No sería mejor exigirle a todos esos jueces de la jurisdicción electoral que devuelven los sueldos que han cobrado?
