En 2012, cuando vi por primera vez un letrero de Ironman en la calzada de Amador, sentí mucho júbilo al saber que una franquicia tan reconocida había escogido a nuestro privilegiado país para desarrollar un evento de talla internacional.
En las ediciones 2012 y 2014 vimos, en vivo y a todo color, que figuras destacadas a nivel mundial, como Lance Amstrong y Javier Gómez Noya, campeón olímpico 2012 y campeón del circuito ITU, habían escogido competir en el Ironman Panamá, teniendo la opción de tantos otros destinos en que la franquicia ya tiene establecida una competencia anual.
Esto colocó el nombre de nuestro país en todos los diarios internacionales.
Sin embargo, como suele suceder en Panamá, cuando la política criolla y los intereses se mezclan en causas tan nobles como estas, el castillo de arena se viene al piso y nos preguntamos ¿por qué lo que funciona en otros países no puede funcionar en Panamá? No voy a entrar a debatir si existió un contrato, supuestamente, oneroso con la Presidencia de turno. Y digo Presidencia, porque fue allí donde se orquestó la redacción del mismo, y solo los que ahí estuvieron sabrán exponer qué los llevó a entregarle a la empresa BNS Sport, S.A. más derechos de los que regularmente se dan en estas contrataciones.
Quienes estamos en el mundo del derecho sabemos que suscribir un contrato con una franquicia tiene reglas universales que cumplir. Es decir, son ellos quienes ponen las pautas y el país interesado en la sede, entonces, se adhiere al contrato. Ahora bien, por ser el Estado la contraparte, se debió dar una contratación de ganar-ganar.
Para justificar que se vuelva a realizar este evento en Panamá, basta considerar que en el pasado, durante la semana de su desarrollo, la empresa privada capitalizó los ingresos provenientes de alrededor de mil atletas, más sus acompañantes, en hoteles, restaurantes, medios de transporte y turismo interno. Eso sin contar el auge que experimentan las empresas relacionadas al triatlón, deporte que ha crecido en Panamá.
Una de las inquietudes del contralor fue que el contrato no le dejaba ninguna ganancia a Pandeportes. Se le olvida al inquilino de la avenida Balboa que el Instituto Panameño de Deportes fue creado para regir estas actividades, no para capitalizar ingresos de los eventos deportivos. De ser así, solo con las ganancias del fútbol sería la institución con mayores recursos económicos y, sin embargo, no recibe ni un solo centavo, de manera que mal podía el señor contralor hacer una interpretación al respecto.
Ahora que nuestra marca país está revolcada por causa de diversos actos de corrupción, por los papeles de Panamá, por un sinnúmero de políticos prófugos y por el escándalo de la constructora Odebrecht, el Ironman podría haber sido una bocanada de aire limpio, si se hubiera tenido la voluntad –por el bien del deporte y del país– de replantear los términos del contrato. Fue más fácil para el contralor “hacer creer” que, en este caso, sí le interesa el país, y ejerció su potestad al no refrendar el contrato con BNS Sport, S.A. por cuatro años adicionales.
Lo feo de todo esto es que Panamá perdió, como destino deportivo turístico; perdimos los atletas, que a diario nos empeñamos en cumplir los planes de entrenamiento, y perdió el triatlón, que busca sumar adeptos.
A Panamá se le escapó de las manos, la sede del Ironman y la oportunidad de que un triatleta extranjero experimentara el privilegio de nadar en las riveras del Canal de Panamá. Costa Rica, nuestro país vecino, capitalizó la oportunidad, convirtiéndose así en la sede para toda Centroamérica del triatlón de mediana distancia, denominado 70.3 millas, seguido de Cartagena, Colombia, que realizó el evento, por primera vez, en diciembre de 2016.
Panameños triatlonistas, ahora nos quedará viajar fuera del país, si queremos volver a colgarnos en el cuello una medalla de finisher, con el logo Ironman al cruzar la meta.
