La crisis climática es una realidad, y sus efectos actualmente los podemos percibir de distintas maneras: olas de calor, escasez de agua, eventos climáticos extremos, crisis alimentaria, reducción de la fauna y la flora, por solo mencionar algunos. Es más, el primer desplazamiento humano en América Latina a causa del cambio climático tiene lugar en Panamá, específicamente en el archipiélago de Guna Yala, donde en los próximos años más de mil personas tendrán que abandonar sus hogares en las islas y reubicarse en tierra firme producto del aumento del nivel del mar.
Ante este panorama, el Estado panameño ha tenido que ir tomando decisiones sobre la marcha con el fin de mitigar los impactos hacia las comunidades y preservar los derechos humanos, los bienes y la cultura de las personas a través de decretos y modificaciones de leyes ya existentes.
Panamá se ubica en un alto puesto dentro de los países con mayor exposición a amenazas naturales, y cientos de miles de panameños son vulnerables a por lo menos una amenaza de ese tipo. Esto es preocupante, puesto que los eventos naturales, que siempre han ocurrido en nuestro país, cada vez se tornan más extremos.
Es por ello que la crisis climática requiere un enfoque integral, ya que nos afecta a todos en distintos niveles. El Estado necesita herramientas que permitan establecer medidas de mitigación y adaptación para afrontar un planeta cada vez más cálido. En la actualidad, algunos países de la región adelantan procesos de reformas constitucionales y debaten si el cambio climático es un tema que deba incluirse en sus cartas magnas. En Panamá se celebrarán elecciones generales en escasas semanas, y algunos candidatos proponen modificar la Constitución de alguna manera. Si bien la mayoría de las propuestas se centran en reformas en materia política o judicial, esto abriría la puerta a que se incluyan otras materias, como el cambio climático.
Nuestra Constitución ya plantea el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y libre de contaminación, la preservación de nuestros recursos naturales, así como la ratificación de convenios o acuerdos internacionales. Por lo tanto, ya existe algún precedente que brinda posibilidades para actuar con lo que está ocurriendo.
El clima en el planeta siempre ha cambiado; sin embargo, los niveles a los que hemos llegado en la actualidad, o que se estiman que podamos llegar en los próximos siglos, representan un peligro para la supervivencia de la especie humana. Se estima que en el Caribe panameño el nivel del mar ha aumentado diez centímetros en los últimos setenta años, y se han perdido siete metros de costa en las últimas cuatro décadas. La demanda de recursos naturales por parte de la población en aumento seguirá ejerciendo presión sobre los ecosistemas, los cuales también se verán perjudicados por alteraciones derivadas de los cambios en el clima, como la reducción en las precipitaciones (como la que experimenta actualmente la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá) o la acidificación de los océanos.
No hay que perder de vista que la crisis climática requiere un esfuerzo de todas las naciones del mundo, principalmente de los países más desarrollados y contaminantes. Panamá debe avanzar en el fortalecimiento de las autoridades locales y el empoderamiento de las comunidades, en la protección de sus ecosistemas, en normas de construcción más amigables con el ambiente, en mantener y avanzar en la descarbonización de las fuentes de energía, en implementar políticas de reciclaje y disposición de desechos, y en la buena gestión de las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, en cualquier proceso futuro de reforma constitucional, el medio ambiente requiere de un enfoque amplio e integral con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; es decir, una Constitución a la altura de los desafíos globales que estamos enfrentando, que garantice el desarrollo sostenible y que preserve siempre la vida.
El autor es ingeniero geólogo.
