Seguramente no ha de preocuparle mucho al flamante presidente brasileño, Michel Miguel Elías Temer Lulia, ni a Itamaratí, las protestas y acusaciones de la deshilachada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Temer debutó como presidente del Brasil a nivel internacional el pasado fin de semana, en una reunión de los más grandes y desarrollados países del mundo agrupados en el G-20, celebrada en China. Fue su legitimación, mal que le pese a Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y al gobernante Frente Amplio uruguayo, que han protestado airadamente, retirado embajadores y roto relaciones en un caso extremo.
Al Gobierno brasileño, sin duda, le importaba más lo que pasará en el G-20, que las reacciones “bolivarianas”. El problema mayor puede que sea para los “protestantes” cuando deban recular. Porque al final tendrán que echar para atrás. Quizás se resista Nicolás Maduro, pero importa poco, es un cuento a punto de acabar. Lo del canciller brasileño José Serra fue más que explícito, dijo que Ecuador y Bolivia deberían mirar al proceso brasileño para aprender sobre democracia. Con Venezuela fue más contundente, dijo que es “un régimen que no merece respeto porque es un régimen antidemocrático que desorganizó al país”.
Este viraje en la política diplomática brasileña generará un reacomodamiento en las instituciones regionales, cuya magnitud no es fácil de predecir pero que, sin duda, provocará más de un “desmoronamiento”. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no tendrá mayores problemas: se mantendrá en ese estado de semiletargo que la caracteriza y que molesta poco. La Unión de Naciones Suramericanas, en cambio, habrá de revisar su política y forma de actuar. Es difícil que su secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper, sea reelegido. Pero los cimbronazos mayores se darán en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y en la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el Mercosur la suerte de Venezuela parece estar sellada. Esto es, la de la Venezuela de Nicolás Maduro, que se autoproclamó presidente pro tempore de la organización, con el solo beneplácito de Uruguay, pero con la oposición de Argentina, Brasil y Paraguay. Estos no lo reconocen como tal y han creado una comisión para “administrar” al Mercosur, hasta que Argentina asuma la presidencia en diciembre próximo. Le cuestionan a los venezolanos no haber cumplido una serie de protocolos que exigen los estatutos, a lo que se suma el reclamo de Paraguay que sostiene que está inhibida por no cumplir con la “cláusula democrática”, con lo cual coinciden Brasil y Argentina (basta ver lo que ha dicho Serra, o el propio presidente Mauricio Macri, que ha denunciado que en Venezuela no hay democracia y que se violan los derechos humanos).
Es muy probable que si Maduro no permite la realización del referéndum, una de las consecuencias sea la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur. Con esta situación, además, se complica el ingreso a la organización del por ahora postulante Estado Plurinacional de Bolivia.
El cambio en Brasil, a su vez, repercutirá fuertemente en la OEA, y máxime con el nuevo giro e impulso que le ha impuesto el secretario general, el uruguayo Luis Almagro. También aquí la suerte de Venezuela está más que sellada. Seguramente habrá una política más severa en cuanto a la aplicación de la Carta Democrática, lo que pondría en la línea de fuego a países como Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Un alto funcionario de la OEA, cuyo nombre pidió mantener en reserva, me dijo respecto a Venezuela que “la coalición de países que reclaman un cambio en ese país aumenta, día a día, con un grupo duro de 15 países y otros que están más en la periferia y que pueden llegar a un total de 20 con lo que se superaría el 50% (18) de los países miembros”.
En cuanto a las denuncias hechas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OEA por el proceso de destitución en Brasil, este funcionario indicó que “la reacción bolivariana por el proceso brasileño es testimonial y sin impacto práctico”, y en cuanto a la denuncia del Partido de los Trabajadores (PT) ante la CIDH sobre una supuesta violación a derechos de Dilma Rousseff, indicó que no cree “que derive en algo sustantivo”.
Quizás después de 15 años desde que fuera aprobada con bombos y platillos se comience, de una vez por todas, a hacer respetar la Carta Democrática Interamericana.