“La minería es un cáncer”. La frase de Juan Carlos Navarro no fue un tropiezo verbal ni una metáfora improvisada. Fue una sentencia. En un país como el nuestro, donde el cáncer es una de las principales causas de muerte y angustia sanitaria, escoger esa palabra implica una carga semántica y moral difícil de suavizar con tecnicismos administrativos.
Según datos del Instituto Oncológico Nacional y estadísticas sanitarias oficiales, el cáncer figura entre las primeras causas de mortalidad, con miles de nuevos diagnósticos y defunciones cada año. No se trata, por tanto, de una metáfora inocente ni espontánea. El cáncer, en la experiencia colectiva panameña, es invasión, deterioro progresivo, expansión silenciosa y amenaza sistémica.
Navarro utilizó esa imagen para referirse a la minería metálica. Y, más allá de sus posteriores matices como ministro de Ambiente, la metáfora conserva una precisión inquietante cuando se observa nuestro territorio.
Panamá no es Chile ni Perú, dos países con larga tradición minera, grandes extensiones territoriales y realidades geológicas distintas. Panamá es una estrecha franja tropical de apenas 75,000 kilómetros cuadrados, bisagra biológica entre Norte y Suramérica. Su ubicación ha permitido una concentración excepcional de biodiversidad en proporción a su tamaño.
El país alberga más de 10,000 especies de plantas, centenares de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, además de importantes cuencas hidrográficas que sostienen no solo ecosistemas, sino actividades agrícolas, consumo humano y, por supuesto, la operación del Canal de Panamá. La naturaleza no es decoración escénica; es infraestructura nacional.
La condición de puente biológico nos convierte en corredor ecológico continental. Los sistemas están conectados como órganos en un cuerpo pequeño y sensible.
La metáfora del cáncer adquiere entonces una potencia estructural. El cáncer no destruye por volumen, sino por lógica: invade tejido sano, altera funciones esenciales, desplaza equilibrios y compromete sistemas completos. La minería metálica a gran escala en ecosistemas tropicales húmedos reproduce una dinámica comparable: remoción intensiva de cobertura vegetal, alteración de suelos, presión sobre fuentes hídricas, sedimentación, fragmentación ecológica y riesgo de contaminación persistente.
Navarro, aquel Navarro, resulta hoy incuestionable.
Una intervención de gran escala rara vez es solo local. Aquí, un daño puntual tiene vocación de expansión.
La Corte Suprema de Justicia no utilizó lenguaje médico cuando declaró inconstitucional el contrato minero sobre el yacimiento de Donoso, explotado de forma ilegal por First Quantum Minerals. Los magistrados, en su fallo, determinaron violaciones a principios fundamentales del orden jurídico, incluyendo aspectos relacionados con protección ambiental, interés público y legalidad contractual.
La Corte no escribió la palabra cáncer. No hacía falta. Su sentencia reconoció que el asunto no podía reducirse a balances contables, regalías o narrativas de inversión extranjera. Había una dimensión superior: constitucional, ambiental y nacional.
Navarro formuló el diagnóstico antes de que el país encargara los exámenes. Y fue certero. ¡Hurra por él!
Como ministro de Ambiente, Navarro hoy habita el incómodo territorio de la administración pública, donde las frases rotundas suelen encontrarse con expedientes, arbitrajes, auditorías y cálculos de gobernabilidad.
La frase sobrevive y es resiliente. Cual equino desbocado, esa metáfora sobrevive a quien intenta moderarla.
“La minería es un cáncer”, dijo Navarro. La sentencia fue tan potente que terminó independizándose de su autor. Ahora, desde el ministerio, el propio Navarro parece haber iniciado una delicada tarea de oncología semántica: matizar el diagnóstico sin negar del todo la enfermedad.
El autor es periodista y filólologo.
