Este año, han pasado por Panamá, al 30 de abril, un total de 127 mil 687 migrantes. La gran mayoría es gente desesperada por mejorar su situación socioeconómica. El 44% viene de Venezuela; el 22% de Haití; el 12% de Ecuador; el 3% de Colombia, y el 2% de India y otros países como Afganistán, Camerún, China y Somalia. Panamá, en primer lugar, debe llamar la atención a los países con mayor cantidad de emigrantes (vecinos nuestros, por cierto), no para generar un conflicto diplomático bilateral, sino para iniciar una coordinación regional, que permita hacerles entender que la salida de sus nacionales se ha vuelto insostenible. Algo tienen que hacer desde sus políticas públicas internas.
No es labor de un ministro de Relaciones Exteriores ponerse botas y vestidos verde oliva para ir al Darién a figurar (como lo hacía la anterior canciller). Esa labor le corresponde al Ministerio de Seguridad y al Servicio Nacional de Migración. Tampoco organizar reuniones para convertirnos en un supuesto “articulador regional”, pero sin ningún tipo de resultado concreto ni tangible. Panamá debe mostrar firmeza diplomática frente a una Colombia, en la que desde su territorio se promueve la ruta del Darién como un camino turístico.
Sus poblados fronterizos son controlados por los cárteles criminales, quienes mienten a los incautos migrantes en su desesperación por encontrar mejores días. Incluso, las autoridades de los organismos internacionales, según información de la directora de Migración (quien me parece que está poniendo una voz de alerta firme y necesaria), le dan en Colombia pastillas anticonceptivas a las mujeres, en caso de que sean violadas en el camino.
Y es que, bajo la sombra de las reglas de las entidades internacionales, irónicamente en nombre de los derechos humanos que le permiten a estos migrantes pasar por donde puedan independientemente de los riesgos, se ha fortalecido el crimen organizado de la trata de personas. Y con esta afirmación de la directora de Migración, parece que existe premeditación y alevosía entre el activista por los derechos humanos y el traficante de seres humanos.
Incluso en Panamá hay 192 detenidos, la mayoría de grupos indígenas de nuestras comarcas, según información oficial, involucrados en graves delitos contra los migrantes, desde abuso sexual hasta el tráfico ilícito de personas, incluyendo el porte ilegal de armas y la asociación ilícita para delinquir. Ya hay 19 personas condenadas, con penas que superan los 30 años de cárcel.
Asimismo, existe la duda, luego del accidente de un bus en el que fallecen en Chiriquí 40 migrantes, sobre la legalidad del manejo de este sistema de transporte y quiénes lo controlan. Luego de conocerse el cobro de $40 por cada individuo, pareciera esto ser parte de la cadena del negociado promovido por los traficantes de personas, sobre todo desde fuera de las fronteras.
Costa Rica ya dijo que no permitirá la entrada diaria de más de 400 migrantes, frente a la terminación en Estados Unidos del Título 42, por el que se flexibilizó la entrada irregular a través de su frontera meridional, por finalización de la pandemia. Si Panamá considera que en 2023 podrían entrar 400 mil migrantes, dejando Costa Rica que solo ingresen 400 diarios a su territorio (146 mil en 365 días del año); significa que en Panamá se quedarían, en esa frontera de nuestro lado, en un año, unas 254 mil personas.
Pero fíjense que desde el gobierno, ni el presidente ni la Cancillería se notan. Sin intención de violar los acuerdos internacionales de protección a los migrantes irregulares, Panamá no está en posición tampoco de poner en peligro la vida de ellos permitiéndoles transitar por Darién, ni promover la trata de personas, cuando la mayoría de estos migrantes es enviado a Darién por grupos criminales.
¿Qué hacer? Defender la vida de estas personas impidiéndoles el cruce por Darién, en la medida de lo posible, ya que físicamente es muy difícil detener su entrada a territorio hostil. Una cosa es cerrar la frontera y otra es salvarles la vida. Y como razón adicional para evitar el uso de esa ruta, tenemos que la misma es promovida por mafias que controlan la trata de personas. Por consiguiente, hay que elaborar rápidamente una ruta segura, con el apoyo de países de la región, de manera que los recursos no los ponga solamente Panamá. Lo que sucede es que reuniones sobre el tema de los migrantes, dentro y fuera de Panamá, han ido y venido, pero sin ningún resultado.
Hace poco, en una entrevista, la actual canciller se refería al clima como posible razón de la reciente baja en el cruce de migrantes, cuando se trataría posiblemente de la implementación del Título 8 en Estados Unidos, según el cual se está deportando a los que lleguen indocumentados, con agravantes como no entrar en los próximos 5 años e incluso ser encausados criminalmente por tratar de entrar ilegalmente de forma repetitiva.
Este año, recibir esta cantidad de migrantes nos puede estar constando unos $60 millones al año (según lo que nos costó el año pasado con menos personas cruzando Darién) por temas de alimentación, albergues, transporte, servicios sanitarios y de salud, etc. A lo mejor con menos de eso, hubiésemos construido ese camino seguro, en coordinación y recursos de los países de la región, y aminoraríamos el peligro al que son sometidos.
Hay que asumir dirección y liderazgo desde el Ejecutivo, con la Cancillería como importante actor (aunque no el único) para abordar este tema con firmeza, continuidad y consistencia.
El autor es abogado
