El problema del tráfico vehicular es uno de oferta y demanda. Entre los factores principales de la oferta tenemos la cantidad, la capacidad y el estado físico de las calles, la conectividad de la red vial, los controles de tráfico y la tecnología, mientras que por la demanda encontramos el número de vehículos, la velocidad de estos, la manera de conducirlos, los horarios y los espacios para estacionar los automóviles, ya sea en su destino o en su origen.
Estos elementos nos permiten hacer un diagnóstico. Tenemos suficientes calles que no son funcionales, producto de una planificación urbana deficiente que permite el crecimiento de la ciudad sin construir una red vial, interconectada y fluida. Tenemos más vehículos que calles, sin embargo, no nos atrevemos a concluir categóricamente que hay que reducir el número de carros. Las autoridades siguen vendiendo que la solución es construir más carriles aunque estos no eliminan los embotellamientos. El mal estado físico de las vías evita que el tráfico sea más fluido e ininterrumpido.
Por otro lado, las malas prácticas de manejo de los panameños, particularmente buses y taxis, y la alta dosis de anarquía de muchos conductores que se estacionan en aceras y calles obstruyendo las vías, se complementa con el beneplácito y la incapacidad de las autoridades de tránsito para ejercer y hacer cumplir las leyes, los reglamentos y los más elementales criterios de orden y sentido común. Igual sucede con los estacionamientos, para muchos la solución de todos los males, sin tomar en cuenta su ubicación, su diseño y sin valorar que a mayor facilidad para estacionar, aumenta la motivación para utilizar vehículos individuales.
Todos estos elementos se traducen en costos para la sociedad por la inversión en obras y equipos, el tiempo de traslado de las personas, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, la degradación del medio ambiente, el mal uso del espacio público, el aumento de accidentes y, tal vez lo más importante, la pérdida de competitividad, productividad y oportunidades de negocio para el sector económico y el país en general.
Para solucionar la crisis del tráfico vehicular el Gobierno debe elaborar objetivos, estrategias y políticas en el siguiente orden de prioridades: planificar el espacio urbano; desincentivar el uso del transporte privado y estimular el público; establecer precios equitativos, diferenciados y transparentes para las diferentes modalidades de transporte; gestionar la movilidad sostenible; promover la movilidad compartida; administrar la capacidad y realizar mejoras a la infraestructura existente y, por último, construir nueva infraestructura.
En Panamá se ha iniciado la construcción de un sistema de tránsito rápido masivo (Metro), que ha dado muestras de ser beneficioso para miles de panameños. Sin embargo, con una línea 2 programada para iniciar servicio a principios de 2019 y una línea 3, posiblemente, para finales de 2020, podemos anticipar que el problema del tráfico y sus consecuencias seguirá en aumento. Además, los servicios de las líneas 1 y 2 están más enfocados a personas que no tienen vehículos y que su modo tradicional para trasladarse ha sido el autobús, que a pesar de todos los problemas que genera en la vía pública, ciertamente representa una manera más eficiente y menos costosa para movilizarse.
Por su parte, el Metro Bus sigue siendo una gran incógnita y la puesta en ejecución de un sistema de transporte rápido, eficiente y de calidad todavía está pendiente, como igual resulta su futura integración y complementación con los servicios del Metro. Se prometen nuevos servicios y se publicita la adquisición de más y diferentes tamaños de buses para mejorar el sistema, sin embargo, el concepto de red e interconexión aún no se conoce.
A pesar de que el Gobierno contrató un estudio para elaborar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (Pimus), en el que se propone la creación de una Gerencia Metropolitana de Movilidad, la responsabilidad operativa de esta iniciativa ha quedado en manos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, una entidad politizada e inoperante, de probada incapacidad para diseñar políticas, planificar el transporte e implementar los procesos de transformación requeridos y más bien diseñada para administrar concesiones y cupos que para entender e implementar un sistema de movilidad urbana sostenible.
La solución de la congestión vehicular en la ciudad de Panamá requiere de voluntad, condición que parece estar cada vez más ausente de la gestión del Estado y de la sociedad panameña. En esta materia se necesita contar con un portafolio de objetivos, estrategias y políticas que permitan tomar acciones efectivas, factibles, coherentes y concretas para reducir un problema que afecta, negativamente, la salud de los panameños, el desarrollo económico del país y la calidad del ambiente.
