En menos de 10 horas, agentes de la Policía capturaron a tres secuestradores y devolvieron un bebé de tres meses a sus padres, sano y salvo. Una operación rápida y efectiva por la cual el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional merecen un reconocimiento.
En 48 horas, los tres sospechosos fueron presentados a un juez de garantías, se legalizó la detención y se les imputaron cargos por robo y secuestro. Este caso deberá ser investigado en los próximos seis meses por el Ministerio Público.
Nada parecido al del hombre que ingresó a la residencia de Azihra Valdés. El sospechoso fue detenido en el acto y llevado a la jueza de garantías Josefa Monfante, quien no accedió a la solicitud de la fiscalía de una detención preventiva, poniendo en peligro la seguridad de la víctima. Fue liberado y fue nuevamente atrapado robando, en menos de 48 horas.
Ambos casos se llevan por el Sistema Penal Acusatorio, en ambos el juez tenía la potestad de detener a los sospechosos, pero en el segundo caso, la jueza impuso una medida menos severa, poniendo en peligro la seguridad de la víctima. Esta decisión fue reversada una semana después en un Tribunal de Apelaciones. La diferencia entre ambos casos fue el criterio del juez, y es de ese criterio del que depende la justicia. La mayoría de nuestros jueces son interinos. No tienen estabilidad y su nombramiento no cumplió con los parámetros de la Carrera Judicial. Además, no tenemos un Tribunal de Integridad y Transparencia que procese administrativamente a los jueces. ¿Cómo podemos aspirar a tener una mejor justicia, si las personas que tienen el poder de decidir no tienen la estabilidad, capacidad, experiencia o actitud para juzgar de manera objetiva e independiente?
Ver al presidente encargado de la Corte, Hernán De León, mendigando $12 millones ante una comisión de 15 diputados de la Asamblea para terminar de implementar la Carrera Judicial es penoso. La Carrera Judicial es ley desde el año 2015, después de casi 10 años de conversaciones en el Pacto de Estado por la Justicia, y todavía seguimos sin avances significativos. Las discusiones del presupuesto de 2016, 2017, 2018 y ahora 2019 han sido iguales. El Órgano Judicial entrega un presupuesto superior a $300 millones, el Ministerio de Economía se lo recorta y los magistrados van a la Comisión de Presupuesto a pedir que les aprueben el monto necesario para ejecutar la Carrera.
Los principales problemas de la justicia en Panamá se resuelven con voluntad. Si bien necesitamos mejorar el marco legal, el tener a las personas correctas juzgando hace toda la diferencia. No basta con discursos en escenarios internacionales, donde el presidente se atribuye el haber rescatado la institucionalidad. Hay que asignar los recursos para lograrlo y, si bien lo asignado al Judicial ha aumentado, no ha sido suficiente.
Es increíble que en un país con más de $23 mil millones de presupuesto, encontremos al presidente de la Corte solicitando menos de 20 millones para cumplir con la ley de Carrera Judicial. Es totalmente inaceptable que no se los concedan.
la autora es miembro de Movin