Uno de los principales compromisos de la campaña del presidente electo Laurentino Nito Cortizo es eliminar la corrupción. La efectividad de su gobierno será determinada en gran parte por la capacidad de cumplir con esa promesa. Pero, ¿qué planes y métodos tiene para hacerlo?
Hasta ahora, el enfoque ha sido en fortalecer la justicia. Si se castiga a los corruptos, se dice, otros dejarán de ser corruptos. Sin embargo, la evidencia demuestra que eso no siempre es verdad, pues la gran mayoría de los actos de corrupción nunca son descubiertos.
La justicia castiga actos que ya ocurrieron, cuando lo mejor es evitar que ellos ocurran. Para lograrlo, hay que reparar tres cosas: la burocracia, los procesos defectuosos de contrataciones con el Estado y la distribución injustificada de beneficios económicos a privilegiados.
Con relación a la burocracia, en Panamá hay más de 3 mil 300 trámites gubernamentales. Los costos y tiempos para cumplir con los requisitos y obtener permisos, licencias, aprobaciones, títulos y otros beneficios del gobierno son excesivos.
La discrecionalidad de los funcionarios les permite decidir a quién quieren ayudar y a quién quieren paralizar. El resultado es una incrementada necesidad de recurrir a la corrupción para progresar. Por ende, para reducir la corrupción hay que reducir la burocracia modernizando el aparato gubernamental y racionalizando las leyes, reglamentaciones y procesos administrativos para hacerlos menos discrecionales, más cortos, transparentes, eficientes, consistentes y predecibles.
La segunda causa de la corrupción son los procesos defectuosos para contrataciones con el Estado.
Los gobernantes conceden contratos y concesiones a cambio de beneficios económicos para ellos.
El favoritismo empieza desde que los pliegos para una licitación son redactados y continúa hasta el momento de la adjudicación, cuando jueces parcializados tienen la discrecionalidad de escoger al que quieren. Para evitar este tipo de corrupción, hay que modernizar los procesos con reglamentaciones y métodos que le quitan a los que escogen la capacidad para favorecer a alguien.
La tercera causa de la corrupción son los negociados, es decir, la repartición de beneficios económicos a privilegiados. Nadie roba dinero, no hay crimen, pero a través de leyes restrictivas y el uso del aparato gubernamental se crean monopolios, protecciones y condiciones que favorecen a un grupo económico.
Este tipo de corrupción es la más dañina, pues el costo de los privilegios lo paga el pueblo a través de bienes y servicios que son más caros de lo que deben ser. Esencialmente se transfiere riqueza del pueblo hacia los privilegiados.
Para desmantelar los privilegios económicos hay que cambiar las leyes y procesos que crean favoritismo, anular monopolios y oligopolios legales y de facto, abrir el sector de la economía que los privilegiados controlan a la competencia y prohibir prácticas predatorias que arrasan con la última.
Esto es más fácil decir que hacer, pues los privilegiados tienen representantes en todos los gobiernos, pero hay que hacerlo, pues la existencia de esos privilegios está causando una desigualdad que puede desembocar en un grave problema político.
Si no cambian sus prácticas, los mismos privilegiados están cavando sus tumbas.
En conclusión, para eliminar la corrupción no es suficiente tener una buena justicia; hay que disminuir la burocracia, mejorar los procesos de contrataciones con el Estado y quitarles ventajas legales a los privilegiados.
El autor es abogado, economista y miembro de Fundación Libertad.