El Protocolo al Tratado relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá es un instrumento multilateral que permite la adhesión al Tratado de Neutralidad de 1979. La Organización de los Estados Americanos (OEA) actúa como depositaria de los instrumentos de adhesión.
Este Protocolo posibilita que cualquier país se sume al tratado, el cual regula el régimen de neutralidad del Canal de Panamá y garantiza su uso pacífico tanto en tiempos de paz como en tiempo de guerra. Complementa los Tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, y asegura que el Canal permanezca neutral y disponible para el tránsito internacional en todo momento. Asimismo, permite la adhesión de otros Estados al Protocolo sin otorgarles el estatus de partes en el Tratado principal.
En el marco de los Tratados Torrijos-Carter, no más de 40 países se han adherido voluntariamente al Protocolo, que complementa el Tratado de Neutralidad de 1977 y tiene como objetivo principal permitir la inclusión de Estados no firmantes en el acuerdo.
La adhesión es un acto voluntario que refleja el compromiso de cada país con la neutralidad del Canal. El propósito del Protocolo es ampliar el respaldo internacional al régimen de neutralidad y fortalecer la seguridad y el uso equitativo de la vía interoceánica.
Para adherirse, los países interesados deben depositar su instrumento de adhesión en la Secretaría General de la OEA. El Tratado y su Protocolo entran en vigor para cada Estado tras este depósito. De este modo, el Protocolo constituye el mecanismo mediante el cual los países asumen el compromiso de mantener el Canal abierto al tránsito de todas las embarcaciones en igualdad de condiciones.
Desde su entrada en vigor, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, junto con Estados Unidos y Panamá, conformaron el núcleo hemisférico del Protocolo. Posteriormente, se sumaron España, Italia y los Países Bajos con el fin de respaldar el comercio internacional. Asimismo, varias naciones caribeñas independientes, como Antigua y Barbuda, Belice, adhirieron tras su ingreso a la OEA.
Este instrumento refuerza la neutralidad del Canal sin modificar el control panameño. Sin embargo, desde la década de 1980 no ha habido incorporaciones significativas, pues el Protocolo tiene hoy un valor más simbólico que operativo.
Entre los países que no han adherido al Protocolo se encuentran la República Popular China, Irán, Turquía, India y diversas naciones de África y Oriente Medio. En 1977, para estas potencias la adhesión no representaba una prioridad ni ofrecía beneficios directos adicionales, dado que el Tratado principal ya garantiza el acceso al Canal. Sin embargo, la no adhesión de China, uno de los principales usuarios actuales, reviste especial importancia por su peso geopolítico y económico.
Un factor clave que explica la no adhesión de China es la inclusión de Taiwán entre los firmantes. China considera a Taiwán una provincia bajo su soberanía, por lo que aceptar un tratado en el que aparezca como entidad firmante implicaría legitimar diplomáticamente a Taipéi y contradeciría su política de “Una sola China”. En consecuencia, Pekín ha condicionado su adhesión a la exclusión de Taiwán. No obstante, aunque no ha firmado el Protocolo, China respeta en la práctica la neutralidad del Canal y es su segundo usuario más relevante.
En 1977, el comercio internacional chino era limitado y su marina mercante apenas utilizaba el Canal, dado que la política económica se orientaba hacia la autosuficiencia y la reconstrucción interna.
Además, su enfoque ideológico privilegiaba el apoyo a movimientos antiimperialistas en lugar de intereses comerciales. Por ello, participar en un Protocolo declarativo sobre un canal distante no se alineaba con sus prioridades estratégicas, centradas en reforzar su posición regional en Asia y aumentar su influencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
A pesar de no ser signataria del Protocolo, la relación de China con el Canal de Panamá ha crecido significativamente desde 2017, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con Panamá. Panamá exploró su participación en la iniciativa de la Ruta de la Seda, pero con el cambio de gobierno decidió retirarse de ese acuerdo. Actualmente, China mantiene fuertes vínculos económicos con Panamá, con inversiones en diversos sectores, y respeta la neutralidad del Canal, lo que le permite acceder a él sin necesidad de adhesión formal.
El Canal constituye un punto fundamental para el comercio global, y su neutralidad asegura su uso universal incluso durante conflictos armados. Sin embargo, este régimen enfrenta desafíos ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, que son los actores principales en la región.
China es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que no ha firmado el Protocolo, debido a la presencia de Taiwán entre los firmantes. La adhesión china podría interpretarse como un gesto de confianza hacia la neutralidad del Canal, pero también tendría repercusiones en su relación con Estados Unidos, históricamente interesado en considerarlo un activo estratégico.
Si China decidiera adherirse, renunciando al reconocimiento de Taiwán, enviaría un mensaje concreto de respeto a la neutralidad del Canal formalizado por escrito. La invitación de Panamá a China sería jurídicamente viable y contaría con el respaldo panameño. Aunque no se necesita un llamado formal—puesto que el Protocolo es multilateral y gestionado por la OEA—la opinión de Panamá como Estado soberano y operador del Canal tendría peso político. De no contar con el apoyo explícito de Panamá, es probable que la OEA consulte previamente al gobierno panameño.
Esta decisión implicaría consideraciones políticas, especialmente en la relación bilateral con Estados Unidos, que podría interpretar la adhesión como un acercamiento estratégico de Pekín. Para mitigar tensiones, Panamá debería subrayar que la adhesión no afecta su soberanía ni altera el régimen de neutralidad.
La incorporación de China tendría un carácter principalmente simbólico, sin repercusiones operativas directas, pero fortalecería lazos bilaterales y proyectaría un mensaje geopolítico relevante en el actual contexto de rivalidad global.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
