Chiquita Brands retomará su operación en Panamá, y contratará a miles de personas, según un acuerdo alcanzado este viernes con el presidente José Raúl Mulino. Bien por el presidente, a quien reconocemos un final en extremo difícil de lograr, pero que será de frágil manejo futuro.
El presidente, sin duda, está cumpliendo su determinación de rescatar el bienestar de la sociedad bocatoreña, pero lo que viene depende de importantes detalles: no solo de los aspectos económicos empresariales y laborales, sino también de la vida de la tierra y del desarrollo cultural de su población económicamente activa. Y es que los partidarios de quienes causaron la demolición de Bocas debieron saber por educación —antes de ser empleados por la empresa— que la producción de una bananera parte de un proceso biológico de gran riesgo y que su resultado final depende de elementos visibles e invisibles altamente sensitivos que no pueden interrumpirse ni separarse. Esto se aprende en primer grado.
En este ámbito se lidian el ciclo de vida de los productos, la severa incidencia de la responsabilidad empresarial con el mercado, el almacenamiento, el transporte y los intereses de los intermediarios. En resumen, semejante dependencia no puede ponerse en manos de trabajadores desconocedores de la naturaleza de la empresa que supuestamente deben servir.
Lo que sucedió en Chiquita tiene que ser expuesto exactamente como lo que fue: infracción voluntaria y consciente por los trabajadores de la ley y de sus deberes básicos, e imprudencia temeraria que dañó la operación a la que debían lealtad profesional. Los trabajadores de la empresa, en vez de ponderar las consecuencias de su acción, demostraron apego exclusivo a una dirigencia sindical política, notoriamente ajena a los intereses económicos, formativos y sociales comunes de sus afiliados. Así se produjo el daño monstruoso a una de las más importantes comunidades agrícolas del país. Dado el marco en que se dio el motín, si queremos cambiar el futuro de Bocas del Toro, es menester depurar las estructuras locales que dieron pie a que eso sucediera. No hay que buscar palabras bonitas para exponer esta urgencia.
Se dice que el memorando de entendimiento entre el Gobierno de Panamá y Chiquita Brands, firmado el 29 de agosto en Brasilia, establece un modelo nuevo de operación, “que es más sostenible, moderno y eficiente”. No creo que existan muchas variedades de estos prototipos, por lo que supongo debe tratarse de contratos con otras empresas como unidades agrícolas externas independientes. Estas harían por cuenta propia los trabajos de reclutamiento de mano de obra, limpieza, siembra, cosecha y empaque bajo la supervisión de Chiquita.
El modelo, de ser ese, funciona bien en muchos países, y sería estrategia adecuada para que renazca la producción y comercialización del más importante producto agrícola de exportación del país… siempre y cuando existan mecanismos de control, se dé la debida protección tanto a las empresas como a los trabajadores, y todos cumplan las nuevas reglas de operación.
Una cosa que parece clara es que los trabajadores de nuestras bananeras no tuvieron, al abandonar sus labores, comprensión del papel que juegan en la salud económica y social de su provincia. Tal vez se consideran solo braceros que cumplen tareas por tiempo determinado, cuando deben sentirse orgullosos de ser, en todo sentido, impulsores asociados de un largo proceso de transformación de su propio pueblo. Para entender esto no necesitan programas de ciencia y tecnología, sino que se enamoren de la trascendencia de su responsabilidad en tan delicado y extenso conjunto de fases de la operación.
La explotación agrícola es una acción económica que requiere devoción y, como señalamos antes, una integración rígida y justa de numerosos operadores económicos para obtener buenos resultados. Esto lo tienen que entender tanto los operadores como los jornaleros, por su propia conveniencia y la de nuestro país.
El autor fue embajador ante las Naciones Unidas.
