Panamá ha mantenido siempre una ventaja logística histórica en la ribera interoceánica. Desde el Camino de Cruces, pasando por el Ferrocarril Transístmico y el Canal, la mayoría de las inversiones y actividades económicas en el istmo se han venido realizando en esa área. Lo anterior ha tenido como consecuencia que una grandísima parte del desarrollo económico se haya centrado en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. En muy contadas ocasiones se han realizado inversiones de envergadura similar en las provincias centrales o en el occidente.
Puerto Barú en Chiriquí representa una gran oportunidad para romper con esa desigualdad, extender esa ventaja hacia el occidente del país y ponerla al servicio de la agroindustria y el turismo, y empezar así a tener una distribución territorial más equilibrada de la inversión.
La reciente nota hecha pública por la transnacional Del Monte es una oferta concreta. La compañía ha hecho pública una invitación a propietarios de tierras, empresas agrícolas y productores experimentados a explorar alianzas de largo plazo para establecer o ampliar cultivos comerciales de banano y piña, anticipándose a la apertura del puerto. Una empresa global ya está convocando a productores, ofreciendo respaldo técnico y agronómico, acuerdos de suministro y acceso a su red internacional de comercialización y distribución.
Ese anuncio permite comprender el verdadero alcance de este proyecto. Un puerto no solo moviliza mercancías; modifica las decisiones económicas que se toman alrededor de él. Cuando los productores cuentan con una salida cercana, eficiente y previsible hacia mercados internacionales, mejora la viabilidad de sembrar más hectáreas, modernizar fincas, construir plantas de empaque, incorporar tecnología, contratar trabajadores y obtener financiamiento.
Del Monte identifica oportunidades tanto para grandes como para pequeños productores. Para el banano, recomienda aproximadamente 250 hectáreas netas por estación de empaque. Para la piña, contempla que productores menores utilicen plantas regionales bajo contrato, mientras que operaciones cercanas a 600 hectáreas pueden justificar instalaciones propias. Esto significa que Puerto Barú puede generar un ecosistema productivo completo: agricultura, empaque, refrigeración, transporte, mantenimiento, servicios técnicos, seguros, financiamiento y exportación.
Chiriquí es una de las principales regiones agrícolas de Panamá, pero su potencial ha estado limitado por la distancia y los costos asociados a trasladar productos perecederos hacia terminales lejanas. Una conexión portuaria cerca de David puede reducir tiempos, riesgos y costos logísticos, aumentando la competitividad de la producción local. La Autoridad Marítima de Panamá ha señalado que el proyecto, con una inversión inicial estimada en 250 millones de balboas, fortalecerá la competitividad agropecuaria, el turismo sostenible y la conectividad marítima del país.
Su dimensión turística también merece mucha atención. El proyecto integra una marina, una terminal para minicruceros y megayates, además de componentes hoteleros y gastronómicos. Esto permitiría que Chiriquí deje de ser solamente un destino al que se llega por carretera o avión y se convierta también en una puerta de entrada marítima hacia Boquete, Volcán, Tierras Altas, el golfo de Chiriquí y otros atractivos naturales.
La llegada de cruceros de menor escala va a beneficiar a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportistas, artesanos y productores locales. Ese flujo puede promover un turismo de mayor valor, distribuido entre diferentes comunidades y compatible con la protección ambiental.
La dimensión social de este proyecto no es menos importante. Nuestro modelo de desarrollo, aunque exitoso, padece de desigualdad territorial. La inversión, los empleos mejor remunerados y la infraestructura logística se concentran alrededor de la capital y del Canal. Llevar una inversión superior a 250 millones de dólares a Chiriquí significa descentralizar oportunidades, crear cadenas de proveedores y permitir que los panameños puedan progresar sin abandonar sus comunidades.
La nota de Del Monte proyecta más de 1,200 empleos durante la construcción. Pero el impacto más importante puede estar en los empleos permanentes y en las inversiones agrícolas inducidas por el puerto. La verdadera reducción de la desigualdad no proviene únicamente de subsidios: surge cuando la infraestructura conecta talento, tierra y producción con mercados capaces de pagar por ellos.
Queda, sin embargo, una condición indispensable: seguridad jurídica. Existen todavía procesos relacionados con el proyecto que permanecen pendientes de decisión. La Corte Suprema de Justicia no debe fallar por presión política ni anticipar un resultado favorable o adverso. Debe estudiar los expedientes con independencia y decidir conforme a la Constitución y la ley. Pero debe decidir, y hacerlo en un tiempo razonable.
Como sostuve en mi artículo anterior, “La Corte Suprema y el costo de esperar”, la justicia cuando es tardía se convierte en justicia denegada. Mientras una decisión se posterga, la incertidumbre actúa como un impuesto invisible sobre la inversión, el empleo y la confianza. Puerto Barú puede transformar la agroindustria, ampliar el turismo y reducir la desigualdad territorial. Corresponde ahora a la Corte resolver oportunamente las demandas pendientes. La justicia no solo debe ser correcta; también debe llegar a tiempo.
El autor es abogado.
