En Panamá, la Semana de la Seguridad Vial 2025 -la cuarta de octubre- no se celebra: se conmemora. No se trata de una fiesta, sino de un acto de memoria, respeto y compromiso. Cada vida perdida en nuestras vías nos recuerda que la seguridad vial es un desafío social, científico y humano que exige acción colectiva.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 355 personas murieron en accidentes de tránsito durante 2024. Detrás de esa cifra hay familias, comunidades y oportunidades truncadas que nos obligan a repensar cómo nos movemos, cómo diseñamos nuestras ciudades y cómo priorizamos la vida en el espacio público.
Tres estudios financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt y desarrollados por el Grupo de Investigación del Transporte y Territorio (GITT) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ofrecen luces sobre el estado de la caminabilidad en el país.
El primero de estos estudios revela que, en la ciudad de Panamá, apenas un 67% de la red peatonal garantiza la continuidad del trayecto; es decir, más de un tercio de las aceras presenta interrupciones, cruces no señalizados o invasiones comerciales. Además, casi la mitad de las distancias entre paradas de autobús y un cruce formal peatonal supera los 100 metros, lo que evidencia una desconexión entre el transporte público y el peatón. Estas interrupciones no son solo detalles de infraestructura: convierten al peatón en el actor más vulnerable del sistema de movilidad.
Si miramos hacia el área metropolitana de Panamá —conformada por los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján—, el segundo estudio indica que solo un 26% del territorio cuenta con veredas que permiten un flujo peatonal adecuado para personas sin limitaciones de movilidad, mientras que casi tres cuartas partes del espacio urbano carecen de condiciones satisfactorias. Esta deficiencia limita la posibilidad de caminar de forma segura y cómoda, afecta la integración con el transporte público y contribuye directamente al riesgo de atropellos en zonas urbanas.
Más allá de la capital, el panorama no es muy distinto. El tercer estudio señala que, en la provincia de Coclé, una de cada cinco personas vive a más de 500 metros de una vía pavimentada, y que, en algunos casos, las distancias pueden alcanzar hasta los 36 kilómetros. Esta combinación de baja conectividad y dispersión territorial no solo dificulta la movilidad cotidiana, sino que también condiciona el acceso a servicios básicos como salud, educación y empleo. En otras palabras, la infraestructura vial y peatonal determina quién puede moverse con dignidad y quién no.
La Semana de la Seguridad Vial 2025, conmemorada durante la cuarta semana de octubre, constituye un momento propicio para reflexionar sobre el tipo de país que queremos construir: uno donde la innovación esté al servicio del bienestar común y donde las decisiones sobre transporte y urbanismo consideren tanto la evidencia científica como las necesidades humanas. Ello incluye repensar la velocidad como principio básico de seguridad: la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un límite de 30 km/h en zonas urbanas para proteger la vida de peatones y ciclistas, una medida sencilla y comprobada que puede reducir drásticamente la gravedad de los siniestros.
La seguridad vial es, en última instancia, una expresión de respeto por la vida. Cada paso dado en una acera segura, cada cruce bien diseñado, cada conductor que reduce la velocidad al acercarse a una escuela son muestras de empatía y responsabilidad. La ciencia puede ofrecernos modelos, datos y algoritmos; la tecnología puede mejorar la visibilidad, la respuesta y la infraestructura. Pero es la voluntad colectiva la que define si esos avances se traducen en vidas salvadas o en oportunidades perdidas.
El autor es investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI). Investiga temas sobre movilidad urbana, caminabilidad y accesibilidad.
