El próximo 25 de mayo se cumplirán ocho años del infame cierre de Radio Caracas Televisión, la primera vez. En julio se cumplirán seis años del cierre de Radio Caracas Internacional. No pasa un día sin que en el país se sienta el vacío informativo dejado por la ausencia del canal con más historia en Venezuela y en Latinoamérica.
Han sido perjudicados con esta acción arbitraria más de 5 mil trabajadores. Se ha eliminado la producción de series, telenovelas, programas informativos y de opinión, entre muchos aspectos. Se han conculcado insumos de todo tipo: humanos, técnicos, intelectuales, de producción, culturales, informáticos, informativos y noticiosos, entre otros. No les importó a los ejecutores de tamaño disparate, en ningún momento, eliminar una planta de televisión con más de 50 años de creada, formada y utilizada con sentido ciudadano, para poner al país en una grave situación de desinformación, ausencia de producción y eliminación de puestos de trabajo.
Venezuela sufre en este momento una constante represión, por parte del gobierno, de todas las libertades que se refieren a la expresión: pensamiento, opinión, prensa e información. Esto a pesar de estar garantizadas en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional vigente. Puede decirse que el cierre de RCTV marcó un hito en las luchas desarrolladas por los ciudadanos, los periodistas, productores y demás trabajadores de la planta clausurada con pretextos absurdos. La movilización de todo el país en defensa de la libertad de expresión es uno de los momentos más conmovedores de estos 16 años del régimen neocomunista. Además, esto se hizo incumpliendo la Constitución Nacional, tal como se ha dicho en sus garantías sobre la libertad de expresión (artículos 57 y 58). Tampoco se siguieron los trámites administrativos requeridos para abrir un procedimiento válido y legal, que diera la posibilidad a RCTV de ejercer su defensa. Usaron un argumento totalmente falso al señalar que se había vencido la concesión. Radio Caracas TV tiene todos los documentos pertinentes para probar cómo son procedimientos arbitrarios y ajenos al estado de derecho. Frente a ese estado de indefensión, dueños, empresarios, directivos, ejecutivos, profesionales de diversas opciones: periodistas, productores, técnicos de diversas especialidades, recurrieron a las instancias internacionales.
Se sabe que son procesos lentos y bastante complicados. Sin embargo, el desenlace de esta terrible situación aparentemente se aproxima, y los venezolanos tenemos nuestra esperanza puesta en que si bien no ha habido posibilidades de la defensa legal y adecuada en el país, esperamos que la justicia internacional escuche todos los argumentos esgrimidos a favor de la libertad de expresión. Parece innecesario insistir en que el mundo se ha dado cuenta de la clase de gobierno que tiene nuestro país. Se sabe cuáles son las condiciones de las libertades fundamentales; día a día se producen agresiones, persecuciones y prisiones, torturas, violaciones al estado de derecho, entre muchas formas que atentan contra la precaria democracia casi inexistente. Así, como a diario se perciben las agresiones en contra de los ciudadanos y la violación de los derechos humanos, puede observarse el irrespeto permanente a la ética de la ciudadanía y a los valores tradicionales de la forma republicana. ¿Qué esperar de un régimen que no acepta su responsabilidad en la profunda crisis que agobia al pueblo de Venezuela? ¿Qué pensar de un gobierno que ha perdido absolutamente la capacidad de escuchar? Se sienten omnipotentes. Su sordera se traduce en actuar de espaldas a la estructura jurídica existente. Que tal y como lo ha anunciado sin ningún rubor, busca lograr una “hegemonía comunicacional” para transformar todo el sistema de medios –cuestión esta ya realizada con los medios públicos– en una gigantesca maquinaria propagandística, ayudado por los expertos cubanos del G2, a su vez formados o deformados por la KGB soviética y la Stasi alemana. El sistema de medios públicos es un grupo de propaganda política y de alienantes mensajes pagados con el dinero del Estado. En su misión está: ocultar, censurar, tergiversar, omitir e inventar de manera descarada la verdadera y necesaria información, “como dato reductor de incertidumbre”. El régimen ha perdido, progresivamente, su esencia democrática. Si se somete a una medición con parámetros que deben darse en un sistema de corte democrático, observamos a diario cómo se disminuyen las categorías que deberían reconocerse para establecer efectivamente la libertad de expresión. Para los miembros del alto gobierno, la libertad de expresión no tiene ningún significado. Menos aún la libertad de información. Viven con la mirada en siglos anteriores e ignoran, desconocen todo lo que ha implicado para la humanidad la generación de los derechos humanos. La libertad de expresión, implica, a su vez, la de pensamiento, opinión, prensa e información, y con aspiraciones a que se reconozcan los nuevos derechos de la comunicación. Derecho trascendental y respetado por los pueblos con tradición democrática en el mundo.
