Desde hace unas décadas se ha hecho palpable el repliegue del Estado y el dominio del sector privado en la toma de decisiones en materia urbanística, a medida que evolucionaba y cambiaba el modelo económico del país, al punto de encontrar hoy una verdadera ciudad leseferiana. Esta forma de hacer ciudad refleja el espíritu de los tiempos actuales, dominado por el poderoso conglomerado económico inmobiliario y caracterizado por el caos urbano.
Esta ciudad leseferiana se ha ido revelando físicamente primero con el desarrollo de urbanizaciones de clase media de San Miguelito (Villa Lucre, Cerro Viento, San Antonio y Brisas del Golf entre otras), los barrios de clase media baja de Juan Díaz (Ciudad Radial, Don Bosco, Las Acacias, Santa María, etc.), los nuevos barrios en Condado del Rey y Altos de Panamá y, por supuesto, con los desarrollos en altura en el centro de la ciudad. Estas urbanizaciones y rascacielos, a diferencia de aquellos desarrollados en la primera mitad del siglo XX, son de carácter residencial, descontextualizados, desconectados y desprovistos de equipamiento social, cultural o comercial de importancia para las comunidades, algo que se ha convertido en la norma del mercado, salvo la rara excepción de Costa del Este.
Desde la década de 1970, el Estado progresiva y conscientemente ha “dejado hacer” al mercado, a medida que se consolidaba el prominente rol del conglomerado económico, constituido por los sectores financiero, de la construcción y de servicios inmobiliarios, al que llamaremos el “conglomerado inmobiliario”. Este logró su perfeccionamiento en el periodo comprendido entre la creación del centro bancario en la década de 1970, y el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio, en la década de 1990, cuando Panamá junto al resto de América Latina abandonó de forma progresiva su política de sustitución de importaciones, permitiendo el paulatino desmantelamiento del incipiente sector industrial, abrazando el libre comercio y el dogma neoliberal, lo que obligó, por así decirlo, a los antiguos industriales y a muchos de sus empleados a unirse a ese conglomerado económico.
Ese grupo inmobiliario luego encontró su expresión política en los diferentes gobiernos del periodo democrático y, a partir de 2004, se convierte en el principal dinamizador e impulsor del crecimiento económico y del bajo desempleo que ha experimentado el país, desde 2004 hasta el presente, al reinvertir en construcciones nuevas los flujos de capital que ingresan al país, empleando mano de obra cada vez menos calificada. Esto explica el porqué el Estado debilita, de iure o de facto, cualquier restricción legal en materia urbanística que se oponga a la explotación agresiva del suelo urbano mediante la especulación. Además, explica el porqué, para frustración de la ciudadanía, los políticos “dejan hacer”, ante el dilema de decidir entre mantener el crecimiento económico y el bajo desempleo o instaurar el orden y la planificación, a riesgo de frenar la economía y aumentar los problemas sociales, con su consecuente costo político, secuestrando de hecho al Estado con poca opción de escape. Además, el Estado decidió no utilizar, al límite de lo posible, su prerrogativa constitucional de dominio eminente o hacer valer el sentido social de la propiedad privada, no solo por razones económicas, sino porque, tácitamente, decidió ignorar el bienestar social, cuyos efectos se ven a largo plazo, a favor del bienestar económico, con efectos a corto plazo.
El repliegue fáctico del Estado y el dominio del interés privado también ha permeado en el ciudadano común, adoptando posiciones más individualistas y oportunistas, provocando un deterioro moral evidente, a nivel urbano, en las constantes violaciones a las normas, perpetradas por cada propietario, en detrimento y sin consideración por su prójimo, por ejemplo, con la preferencia y defensa por el aislamiento de barrios y la resistencia de sus residentes a todo intento por interconectarlos y hacerlos permeables, en defensa de la privacidad y tranquilidad suburbanas. Otro reflejo de dicho individualismo se expresa en la aspiración de sectores económicos emergentes de adquirir una residencia unifamiliar, con amplio patio y dos automóviles, como símbolo de estatus social y éxito profesional, que si bien puede parecer legítimo a la larga afecta a la ciudad, por su efecto agregado.
La transición hacia un régimen de ley y orden con planificación supondría una gran cuota de sacrificio por parte de todos, además de suponer un cambio de régimen con un nuevo sector económico dominante, que representa una actividad económica totalmente distinta, como la industria marítima y logística. Se necesitará una clase emergente de medianos empresarios, de nuevos burgueses con nuevas ideas, que podrían subvertir el statu quo político y favorecer la transición hacia una ciudad más ordenada y desarrollada, retomando el crecimiento económico a partir de principios más sólidos y trascendentes.
