En Panamá, la corrupción no se limita a las grandes obras o al gobierno central. Ha permeado las bases del poder local: barrios, corregimientos y, especialmente, las juntas comunales. Lo que alguna vez fue concebido como el primer eslabón de la democracia participativa se ha transformado, en demasiados casos, en una maquinaria clientelista que privilegia intereses particulares sobre el bien público.
En recientes exposiciones ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, presentó dos anteproyectos de ley clave para reforzar la lucha anticorrupción: uno que establece una Ley General Anticorrupción y otro que propone reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, especialmente para delitos contra la administración pública
Las iniciativas buscan incrementar las penas por actos como soborno, tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento injustificado, delitos que actualmente se sancionan con penas bajas o incluso se prescriben antes de llegar a juicio. El anteproyecto, por ejemplo, propone elevar la pena por enriquecimiento injustificado a 4–8 años de prisión (actualmente son 3–6 años), y por contratación fraudulenta pública a 4–8 años en vez de seis meses a dos años
Asimismo, la Ley General Anticorrupción incorpora técnicas de investigación avanzadas, como la colaboración eficaz, acuerdos de pena para personas jurídicas y medidas que facilitan la identificación, recuperación y restitución de activos públicos, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia Además, se propone duplicar el plazo de prescripción para delitos contra la administración pública mientras el funcionario permanezca en el cargo, y establecer mecanismos de protección para denunciantes.
Estas medidas llegan en un contexto en el que la Fiscalía Anticorrupción investiga 3 840 causas activas por delitos relacionados con la administración pública y el orden económico. En su exposición, el procurador calificó la corrupción como un “cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho” y exigió reformas urgentes para restituir la confianza ciudadana. Panamá obtuvo una puntuación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, por debajo del promedio regional.
La facilidad con que se accede a fondos millonarios, sin controles eficaces ni mecanismos transparentes, se convierte en tentación para quienes, disfrazados de servidores comunitarios, buscan enriquecerse disfrazando compromisos políticos de inversión social legítima. Esta disponibilidad generalmente está fuera del alcance de actores con acceso limitado a vías institucionales normales.
Peor aún, la falta de fiscalización oportuna y la complicidad —o pasividad institucional— pueden estar facilitando, de forma casi premeditada, estos actos de corrupción. La permisividad, los retrasos en auditorías y el silencio administrativo alimentan un círculo vicioso donde se normaliza el uso clientelista del dinero público.
Frente a este escenario, es urgente aprobar las reformas del procurador sin demora. Estas propuestas deben tramitarse con la misma efectividad con que a veces se aprueban leyes en horas de madrugada: con decisión, sin tregua política ni titubeos. No se trata solo de endurecer penas, sino de dotar al Estado de herramientas reales para cerrar brechas de impunidad y garantizar el control social y la protección del patrimonio público.
La pregunta persiste: ¿quién defiende al ciudadano común cuando las estructuras de representación local responden más a lealtades partidistas que al bien colectivo?
El clientelismo no solo distorsiona la distribución de recursos; destruye la noción misma de ciudadanía. Transforma derechos en favores y convierte al vecino en rehén de una bolsa de comida, una beca o una obra vial improvisada.
La democracia local —la que se construye desde las juntas comunales— es la base de una república sana. Si permitimos que siga secuestrada por redes clientelistas, condenamos a las próximas generaciones a una democracia de fachada, sin sustancia ni justicia.
El autor es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa.
