Hay decisiones públicas que se entienden mejor cuando uno deja de mirar los documentos y se asoma a la calle. En Colón, la basura permite hacer ambas cosas. Basta recorrer las comunidades, observar el estado del servicio y preguntarse qué ocurre con los desechos después de que desaparecen de nuestra vista.
Porque la basura no desaparece. Se traslada. Y cuando llega al vertedero de Monte Esperanza, comienza otra parte de la historia: la que no siempre vemos, pero cuyas consecuencias ambientales no podemos permitirnos ignorar.
Los lixiviados, ese líquido que se genera cuando el agua atraviesa los residuos y arrastra sustancias contaminantes, constituyen uno de los riesgos más serios asociados a una disposición inadecuada de los desechos. Su manejo exige controles técnicos, sistemas de captación y tratamiento, monitoreo ambiental y fiscalización efectiva. No basta con depositar toneladas de basura y confiar en que la naturaleza resuelva lo que la gestión humana no ha querido resolver.
La pregunta es inevitable: ¿qué está ocurriendo con los lixiviados en Monte Esperanza? ¿A lo largo de estos últimos 25 años se han realizado monitoreos ambientales? ¿Qué resultados arrojan? ¿Qué medidas correctivas se han ejecutado y cuáles permanecen pendientes? Se trata de exigir que esos análisis existan, sean verificables y se conozcan. La salud ambiental de Colón no puede depender de comunicados empresariales ni de la paciencia de las comunidades vecinas.
Pero el problema no termina en el vertedero. También está en las calles, en los barrios y en la calidad de un servicio por el que se cobra y cuya prestación debe responder a estándares mínimos de continuidad, cobertura y eficiencia.
Conozco esa deficiencia desde una experiencia que difícilmente olvidaré: una vez tuve que contratar un pick-up para llevar la basura hasta las propias oficinas de la empresa responsable de recogerla. Sí, hasta sus oficinas. Cuando el ciudadano termina buscando por su cuenta cómo deshacerse de los residuos que el servicio contratado no retira oportunamente, algo está profundamente equivocado.
No cuento esta anécdota para convertir una experiencia personal en una estadística. La cuento porque revela el absurdo al que puede llegar la deficiencia del servicio: el usuario termina resolviendo, con su tiempo y su dinero, un problema cuya solución corresponde al prestador.
Y entonces llegamos a la decisión del Consejo Municipal del Distrito de Colón. El pasado 20 de octubre, nueve concejales votaron a favor y cinco en contra de aprobar la prórroga, por otros veinte años, de la concesión otorgada a la actual empresa prestadora del servicio de recolección y disposición de desechos. La propuesta, instrumentada mediante una adenda, no se limita a extender el plazo contractual: introduce modificaciones sustanciales en el objeto y las condiciones económicas de la concesión. Frente a esta iniciativa, el alcalde del distrito de Colón ha mantenido una posición contraria a la renovación.
Veinte años no son una simple extensión administrativa. Son dos décadas adicionales de obligaciones, recursos públicos comprometidos, responsabilidades ambientales y consecuencias directas para la ciudad de Colón, que todavía reclama respuestas concretas a un problema que arrastra desde hace años.
Por eso, antes de conceder otros veinte años, hay preguntas que no pueden quedar relegadas a un segundo plano: ¿con qué fundamento se pretende extender una concesión cuyo cumplimiento económico y operativo está bajo cuestionamiento? ¿Es razonable modificar las condiciones esenciales del contrato sin esclarecer primero las obligaciones pendientes de la empresa? Y, sobre todo, ¿qué garantías tiene Colón de que esta nueva etapa no prolongará las deficiencias que ha padecido durante la vigencia de la concesión actual?
No podemos evaluar una concesión únicamente por lo que promete hacer durante los próximos veinte años. También debemos examinar cómo ha cumplido durante los anteriores.
La pregunta no es si Colón necesita que recojan su basura. Eso está fuera de discusión. La pregunta es si estamos dispuestos a exigir que el servicio se preste como corresponde, que el vertedero deje de ser una preocupación ambiental sin respuestas suficientes y que los compromisos contractuales se cumplan antes de otorgar nuevas ventajas.
Porque, al final, la basura tiene un destino físico, la contaminación tiene consecuencias reales y las decisiones públicas tienen responsables.
Y cuando una ciudad lleva años conviviendo con un servicio deficiente y con interrogantes sobre el impacto ambiental de su vertedero, la pregunta que debe responderse no es quién está dispuesto a conceder otros veinte años, sino quién está dispuesto a garantizar que esos veinte años sean diferentes para Colón.
La autora es abogada.
