En medio de un escenario internacional cada vez más complejo, donde el proteccionismo gana terreno y la competencia por atraer inversión se intensifica, Panamá —como muchos países en vías de desarrollo— enfrenta un reto estratégico: cómo seguir siendo un destino atractivo y confiable para la inversión extranjera directa. En este nuevo orden económico, contar con una política comercial moderna y una red sólida de convenios para evitar la doble tributación (CDT) no es solo deseable, es urgente.
La doble tributación ocurre cuando dos países reclaman el derecho de gravar la misma renta. Para una empresa extranjera que quiere invertir en Panamá —ya sea de Estados Unidos, Alemania, Japón o Brasil— esto representa una barrera financiera y legal que puede inclinar la balanza hacia otro destino más “amistoso” desde el punto de vista fiscal. Para una economía abierta y de servicios como la nuestra, no corregir esta desventaja equivale a jugar con una mano atada a la espalda.
Aunque Panamá ha avanzado con más de 17 acuerdos de este tipo, el país aún está lejos de tener una red comparable a la de economías que compiten por el mismo capital. Urge ampliar esta red con mercados estratégicos, no solo para facilitar la inversión, sino también para enviar una señal clara de compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y la seguridad jurídica.
No se trata únicamente de captar capital, sino de consolidar confianza. En esta nueva etapa del comercio global, las empresas no solo buscan eficiencia en costos o acceso logístico. También demandan estabilidad, reglas claras y protección frente a cambios inesperados en materia fiscal y regulatoria. Un CDT bien diseñado cumple justamente esa función: elimina la doble imposición, establece mecanismos para resolver disputas tributarias y garantiza que las empresas no sean penalizadas por operar responsablemente en otras jurisdicciones.
El beneficio, sin embargo, no es exclusivo para el inversionista extranjero. Para países en desarrollo como Panamá, estos convenios son herramientas para mejorar la recaudación, combatir la evasión fiscal y acceder a mejores prácticas en administración tributaria. Además, permiten establecer estándares de cooperación con países que valoran, cada vez más, la trazabilidad, la rendición de cuentas y la estabilidad jurídica.
Los CDT también actúan como un escudo frente a la volatilidad. En tiempos de incertidumbre —ya sea por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales, guerras o gobiernos populistas— los inversionistas priorizan entornos donde sus derechos estén protegidos y su carga fiscal sea predecible. Panamá tiene el potencial de ofrecer ese entorno, pero necesita blindarlo con acuerdos internacionales bien negociados y coherentes con una visión de largo plazo.
Hoy, con la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y el auge del nearshoring, friendshoring o el nuevo término strategicshoring, muchas empresas están relocalizando operaciones más cerca de sus mercados. Panamá, con su posición geográfica privilegiada, conectividad logística, estabilidad monetaria, plataforma de servicios internacionales y profesionales del Derecho de primer nivel, cuenta con ventajas claras. Pero para que esas ventajas se traduzcan en decisiones concretas de inversión, los factores tributarios no pueden convertirse en un obstáculo.
Y no se trata solo del Ejecutivo o del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta es una tarea de Estado. Requiere coordinación institucional, diálogo continuo con el sector privado y una diplomacia económica activa que defienda con fuerza los intereses fiscales y comerciales del país. La firma y actualización de CDT debe formar parte de una estrategia nacional de competitividad, no ser un asunto secundario ni exclusivamente técnico.
Panamá debe asumir los convenios de doble tributación como instrumentos estratégicos de desarrollo económico. Son piezas clave para atraer inversión, competir con inteligencia y asegurar que el crecimiento económico se construya sobre bases sólidas. Aprovechar esta realidad representa una oportunidad que, en el contexto actual, pocos países pueden permitirse desaprovechar.
El autor es consultor tributario internacional.
