Cada panameño –incluyendo niños y adultos mayores– debe cargar aproximadamente con $15 mil de los $59 millones pagados a instancias de Odebrecht, S.A., como dádivas en nuestro país entre 2009 y 2014, la mayor carga por habitante en toda Latinoamérica.
Así se deduce de un acuerdo de culpabilidad por el que el conglomerado pagará multas por más de 3 mil millones de dólares a tres países, tras una investigación que reveló una sofisticada red de corrupción internacional.
Entre 2009 y 2012, la empresa presumiblemente dirigió $23.7 millones al entorno de un alto funcionario panameño, según una investigación del Ministerio Público suizo que derivó en una multa de $200 millones para Odebrecht.
Por otro lado, sociedades panameñas con cuentas en algunos bancos locales movieron fondos relacionados con esa empresa, según algunos de los que han acordado delaciones premiadas en Brasil respecto al escándalo de Petrobras. Además, parte de los sobornos pagados para asegurar contratos en Panamá fueron canalizados por sociedades constituidas en Belice, inscritas en Panamá después de iniciada la presente administración.
Algunos de estos hallazgos eran secretos a voces en Panamá, pero ninguno de los vínculos panameños fue comprobado por nuestras autoridades, sino por las de otros países. ¿Por qué?
Lo cierto es que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil y la oficina del fiscal general de Suiza investigaron lo que correspondía. Después de que ellos encajaron las piezas del rompecabezas, el Ejecutivo panameño presentó una posición tibia, ambivalente y sospechosa, protegiendo aparentemente los 2 mil 600 millones de dólares adjudicados a la empresa brasileña mientras era investigada por graves delitos.
En tanto, una fiscalía especial fue establecida por un Ministerio Público que no pudo investigar hechos señalados, públicamente, mientras que Estados Unidos, Brasil y Suiza compelían a Odebrecht a confesar y a pagar importantes multas. A pesar de que los panameños somos los más afectados con estos sobornos, nuestra contratista predilecta aún no está obligada a pagar nada por ello.
No dudo de la capacidad y desempeño individual de los fiscales, pero institucionalmente parece claro que el tamaño de este tema rebasa al Ministerio Público y que se necesita el apoyo de un órgano independiente.
Pero no hay que inventar la rueda. Una comisión internacional contra la impunidad, como en otros países, podría ayudar a desarticular estas organizaciones, investigando sus estructuras, vínculos y modos de operación y promoviendo el proceso y sanción de sus integrantes. Además, podría recomendar políticas públicas para erradicar los focos de corrupción y prevenir su reaparición.
El llamado de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, en ese sentido, debería ser acuerpado sin titubeos por los clubes cívicos y demás asociaciones de la sociedad civil organizada.
La comisión podría ayudar a nuestras autoridades a comprender en qué consiste su obligación constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los panameños. Los recursos que drena la corrupción a través de proyectos muchas veces banales deben comenzar a rendir en beneficio de las verdaderas prioridades nacionales.
