El reciente llamado en Panamá a fortalecer la trazabilidad del financiamiento privado de las campañas electorales apunta en la dirección correcta. Saber quién aporta, cuánto aporta y de dónde provienen los recursos es indispensable. Pero existe una pregunta igualmente importante: ¿qué ocurre después de las elecciones con quienes financiaron las campañas?
Una democracia transparente no debe limitarse a seguir el dinero hasta el día de las elecciones. También debe poder conocer quién intenta influir posteriormente sobre las decisiones del Estado. Un empresario, sindicato, gremio, organización ambiental, firma profesional o cualquier otro grupo de interés puede legítimamente defender sus posiciones ante las autoridades. El problema no es necesariamente esa actividad; el problema aparece cuando se realiza sin transparencia.
Estados Unidos ofrece una referencia interesante. Allí el lobbying es una actividad reconocida y regulada. Determinados profesionales y organizaciones que realizan actividades de lobby deben registrarse y presentar información sobre sus clientes, los asuntos sobre los cuales gestionan y los recursos destinados a esas actividades. El principio es sencillo: influir en las políticas públicas puede ser legítimo; hacerlo desde la oscuridad no debería serlo.
Panamá podría desarrollar su propio Registro Público de Lobby y Gestión de Intereses, accesible gratuitamente por internet. Quienes profesionalmente gestionen intereses ante ministros, diputados, alcaldes, directores de entidades y otros altos funcionarios deberían identificarse, indicar a quién representan y declarar los temas o proyectos sobre los cuales realizan sus gestiones.
El sistema debería complementarse con una agenda pública de reuniones de altos funcionarios. Cuando una empresa, gremio u organización se reúna con una autoridad para discutir una concesión, regulación, contrato relevante o proyecto de ley, la ciudadanía debería poder conocer quién participó, a quién representaba y cuál fue el asunto tratado, respetando, naturalmente, las excepciones justificadas por seguridad, privacidad o confidencialidad legal.
Esta transparencia adquiere todavía mayor importancia cuando existe financiamiento político. Si una persona o empresa realiza una contribución importante a una campaña y posteriormente gestiona ante el Gobierno una contratación, concesión o modificación regulatoria, ambas informaciones deberían poder ser consultadas y relacionadas públicamente. No significa presumir que existe corrupción; significa permitir que la sociedad pueda verificar que no existe un conflicto de interés.
Regular el lobby tampoco significa prohibir que empresarios, trabajadores, ambientalistas, comunidades o asociaciones profesionales conversen con sus autoridades. Todo lo contrario: permite reconocer esa participación como parte legítima de la democracia, estableciendo las mismas reglas de transparencia para todos.
El Tribunal Electoral ha abierto una discusión necesaria sobre el origen del dinero en las campañas. Panamá podría aprovecharla para avanzar un paso adicional: construir un sistema que permita seguir no solamente el dinero que llega al candidato antes de las elecciones, sino también la influencia que busca llegar al funcionario después de ellas.
La democracia no necesita cerrar las puertas entre el sector público y la sociedad. Necesita abrir las ventanas.
Financiamiento político transparente antes de las elecciones y lobby transparente después de ellas: dos caras de una misma rendición de cuentas.
El autor es ciudadano panameño.
