Conocida como la facultad de administrar justicia por los tribunales, dicha temática en el sistema penal acusatorio tiene otra tesitura. Su discusión como tal se ventila en la fase intermedia, según lo preceptuado en el artículo 345 del Código Procesal Penal dentro del escenario de las alegaciones previas. No obstante, lo que se discute ahí no es la competencia del juez de garantías de dicha fase, sino la competencia del tribunal de juicio oral o el despacho de justicia que decidirá el fondo del asunto. En ese resorte, el juez de garantías de la fase intermedia es un depurador del procedimiento, quien va a cuidar que los actos procesales se hayan ventilado adecuadamente. Por eso es que atiende las nulidades y lo relativo a la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes.
En el caso del expresidente, la competencia la tenía el magistrado juez de garantías. Ello es innegable por el hecho de ostentar la condición de diputado al momento de presentarse la acusación y, por haberse suscitado la renuncia y acogida por el Parlacen, ello en nada afecta lo actuado, pues a mitad de camino no cabía suspender lo surtido en virtud de los principios de efectividad, concentración y unidad de acto que postulan que los actos procesales una vez iniciados deben culminar y por aquello de que los jueces deben evitar cualquier conducta procesal que tienda a dilatar el proceso, así lo señala el artículo 63 del Código Procesal Penal.
Revertir la fase intermedia sería un error, más porque en el sistema penal acusatorio no es posible retrotraer los actos, amén de que dicha decisión afecta a la persona detenida, pues tiene derecho a que su causa se ventile sin atrasos.
Considero que el dilema planteado se resuelve con los principios del artículo 3 del Código Procesal, en que se recogen todas las máximas que orientan y estructuran el nuevo sistema de juzgamiento criminal.
El autor es abogado