El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, planteó una idea difícil de cuestionar: Panamá no necesita más diagnósticos; necesita ejecución.

Tiene razón.

También señala que Gobierno, sector privado, academia y trabajadores deben trabajar sobre una misma agenda, con responsabilidades, métricas y seguimiento. Pero quizás debamos hacernos una pregunta adicional: ¿quiénes están realmente sentados en esa mesa?

Cuando hablamos del “sector privado”, solemos hacerlo como si fuera un grupo homogéneo. No lo es. Bajo esa misma denominación conviven grandes corporaciones, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas, productores agropecuarios, agroindustrias rurales, artesanos, emprendedores y empresas familiares.

Todos producen y generan actividad económica, pero sus realidades son profundamente diferentes.

Organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio cumplen un papel fundamental en la defensa de la iniciativa privada y en la construcción de propuestas para el desarrollo nacional. Sin embargo, es razonable preguntarnos si la voz que con mayor frecuencia llega a las mesas nacionales refleja con la misma intensidad la realidad de las micro y pequeñas empresas.

No se trata de cuestionar la legitimidad de quienes participan, sino de reconocer una asimetría.

Una empresa grande o mediana suele disponer de estructuras que le permiten conocer cambios regulatorios, participar en consultas públicas y mantener una representación frecuente ante las instituciones.

Para una micro o pequeña empresa, la situación es distinta. Con frecuencia, el empresario es simultáneamente gerente, vendedor, administrador, responsable de producción y cobranzas, además de quien resuelve los problemas cotidianos de la operación. Cuando se realiza una consulta o mesa técnica, no siempre sabe que existe. Y, aun sabiéndolo, participar puede significar abandonar por horas aquello que mantiene funcionando su empresa.

El problema no necesariamente es de exclusión deliberada. Es de representación, comunicación y organización.

Allí aparece una tarea pendiente de nuestra competitividad: fortalecer la asociatividad de las MIPYMES y construir mecanismos para que sus realidades lleguen a las mesas donde se toman decisiones.

Pero asociarse no basta.

Estar inscrito en un gremio, asociación o cooperativa no equivale automáticamente a estar representado. La representación funciona únicamente cuando existe participación.

Los miembros pueden delegar en una directiva las convocatorias, reuniones, el seguimiento institucional y la representación ante las autoridades. Pero delegar no significa desentenderse.

Quien pertenece a una organización debe aportar información, expresar sus necesidades, participar y respaldar a quienes representan al conjunto.

De lo contrario, ocurre algo frecuente: unos pocos trabajan, gestionan y representan, mientras una mayoría permanece al margen esperando que lleguen los beneficios.

Eso no es verdadera asociatividad.

Una organización fuerte necesita directivas comprometidas y miembros involucrados. Necesita sentido de pertenencia. La representación se delega; la responsabilidad colectiva no.

No necesitamos sentar a miles de empresarios alrededor de una mesa. Necesitamos canales que permitan que sus experiencias, necesidades y propuestas lleguen hasta ella: productores organizados en asociaciones; asociaciones articuladas con cámaras provinciales y gremios sectoriales; y gremios capaces de identificar problemas comunes y llevar propuestas a los organismos nacionales.

Ese flujo debe funcionar también en dirección contraria, para que información, capacitación, financiamiento e innovación lleguen hasta quienes producen en todas las regiones del país.

Eso es capilaridad institucional.

Las grandes empresas son indispensables para Panamá. Aportan inversión, empleo, tecnología y acceso a mercados. Pero las MIPYMES también lo son, especialmente porque distribuyen actividad económica y oportunidades más allá de los grandes centros urbanos.

Por eso, la competitividad no puede medirse únicamente por nuestra capacidad de atraer grandes inversiones. También debe medirse por la capacidad de una empresa pequeña para nacer, formalizarse, financiarse, contratar, innovar, cumplir razonablemente con las regulaciones, acceder a mercados y crecer.

Gobierno, empresa privada, academia y trabajadores deben ejecutar juntos.

El Estado debe crear condiciones para la seguridad jurídica, una infraestructura eficiente, instituciones ágiles y un entorno favorable a la inversión y la producción. También debe facilitar y articular la educación que el país necesita, anticipando capacidades y habilidades futuras.

La academia debe acercar el conocimiento, la investigación y la formación a las necesidades del aparato productivo. La empresa privada debe arriesgar capital, producir, innovar y generar empleo. Y los trabajadores deben encontrar oportunidades para desarrollar capacidades, mejorar sus ingresos y progresar.

Asociatividad no significa crear organizaciones por crearlas, ni afiliarse, pagar una cuota y esperar resultados. Significa construir organizaciones capaces de representar intereses comunes y asumir, como miembros, la responsabilidad de participar.

Ya sabemos que debemos ejecutar juntos.

Ahora debemos asegurarnos de que, cuando digamos “juntos”, sepamos quiénes están sentados en la mesa, quiénes todavía necesitan un mecanismo para llegar hasta ella y quiénes, aun teniendo ese mecanismo, deben involucrarse activamente.

El autor es productor y empresario agroindustrial ovino-caprino, impulsor de productos lácteos premiados internacionalmente y promotor de la articulación del ecosistema lácteo panameño.