¿Cómo se perfilan las elecciones generales de 2024 frente a la merma de confianza social y política que vive el país? Múltiples encuestas, locales e internacionales, vienen informando de una crisis de confianza, mientras los ciudadanos la vivimos y sentimos en el día a día. Distinguiendo la confianza social, como aquella entre las personas, y la segunda, la confianza política, como aquella que se les tiene a las instituciones de gobierno, implicando un concepto que va más allá: el sentimiento básico de la ciudadanía hacia su sistema político, la creencia general de que el mismo, con altas y bajas, funciona para la mayoría.
La primera, la confianza social o interpersonal está en franca crisis: 74.2% de las personas en el país piensan que la gente “nunca o pocas veces es confiable”.
La segunda, la confianza en el sistema político, está en su récord más bajo, teniendo valoraciones negativas de 66.8% el gobierno y 75.8 los partidos políticos; con solo 46.8% de la ciudadanía reconociendo la democracia como mejor forma de gobierno. (Datos: Encuesta CIEPS 2021).
Post pandemia y post explosión social de julio y agosto de 2022, frente a un obvio agotamiento de la credibilidad de mecanismos de diálogo en el país (mesas, concertaciones y pactos cuyo único propósito parece ser un “tente-allá” que diluye reclamos sin resultados ni efectividad ) hemos entrado casi un año antes de lo usual a la carrera electoral, con ese suspenso colectivo que congela decisiones y acciones de todo tipo hasta después de las elecciones.
Frente al panorama electoral ¿qué papel jugarán en la decisión de voto del electorados elementos como la inseguridad alimentaria, que aumentó de 8% (2012) a 27% (2021)? ¿la desigualdad y el desempleo? ¿la pobre calidad de los servicios de salud y educación que debe prestar el Estado? ¿la percepción de corrupción? ¿el clientelismo enquistado en la gestión política de funcionarios y partidos políticos?
El Barómetro de la Américas 2021 LAPOP 2021 de Vanderbilt University, revela una creciente desconfianza de los panameños en los procesos electorales, con solo un +/- 46% de confianza general en las elecciones, mostrando que solo 28% piensa que los votos siempre se cuentan correctamente, por un lado, mientras 38% piensa que los ricos siempre compran las elecciones, resultado que se correlaciona con el índice de integridad electoral, donde Panamá obtiene 39% en la integridad del financiamiento de las campañas. La forma en que se financian las campañas afectan la confianza ciudadana en la integridad de las elecciones. Un punto donde demostramos confianza es que la mayoría de las personas, 86%, piensan que los gobiernos extranjeros no tienen influencia en nuestras elecciones, factor importante frente a los múltiples casos internacionales de acusaciones contra Rusia y China que interferir en las elecciones de democracias tradicionales de Occidente.
Esta desconfianza en el proceso electoral merece marcada atención y correctivos urgentes, tanto de las propias instituciones electorales como de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque con todo y las falencias mejorables del proceso, a la fecha las elecciones populares son prácticamente el único elemento democrático efectivo que todavía tiene la ciudadanía panameña, frente a un débil Estado de derecho, una justicia tardía y un cuerpo legislativo que parece haber abandonado su rol de representatividad del electorado en sus continuas decisiones.
Cuando se habla de desconfianza en el sistema político es necesario mencionar a los partidos, no solo a las instituciones gubernamentales, porque el diseño democrático constitucional que tenemos, al menos en papel, implica los contrapesos al poder de una oposición robusta que los partidos políticos parecen haber abandonado, entregados a la satisfacción de estructuras e intereses clientelares. La ciudadanía ha sido testigo este año de la aprobación en la Asamblea Nacional de reformas al Código Electoral no representativas del consenso ciudadano y que profundizaron la desconfianza en una regulación creada por y para los partidos políticos, con asimetrías y desventajas para los candidatos de libre postulación, con retrocesos en materia de financiamiento de campañas, paridad de género y fuero penal, entre otros.
Necesario mencionar, además, la desconfianza generada por el reciente nombramiento de un operador de partido político como magistrado del Tribunal Electoral, lo más remoto posible a la cualidad de imparcialidad e independencia que reclamaba la ciudadanía. Y es materia de otro análisis lo que parece una maniobra transaccional de nombramientos entre la Corte Suprema de Justicia y los partidos políticos que controlan la Asamblea y el Ejecutivo.
La gran interrogante de cara a las elecciones de 2024 es si la desconfianza va a generar mayor participación de parte de una ciudadanía que exija mayor rendición de cuentas o si va a generar una apatía a través de la cual se cuelen oportunistas y populistas que debiliten más aún el sistema democrático. Tenemos que mirarnos en los espejos electorales de la región.
La autora es escritora y abogada
