Durante la última semana de mayo, la agencia Moody’s publicó una revisión periódica sobre Panamá que fue malinterpretada —o simplemente no leída— por los medios de comunicación y el propio Ministerio de Economía. Se asumió que se trataba de una decisión que ratificaba el grado de inversión, a pesar de que el documento indicaba claramente que su propósito no era emitir una calificación, sino explicar las razones por las cuales Panamá mantiene su calificación actual.
Al margen de lo anterior, un punto clave señalado en la revisión es el gran reto que, a la luz de las cifras, el gobierno no ha logrado concretar: la consolidación fiscal. El Sector Público No Financiero (SPNF) continúa mostrando un desbalance entre ingresos y gastos, dado que el déficit del primer trimestre del año ascendió al 1.56% del PIB ($1,441 millones), es decir, $180 millones más que en el mismo período de 2024.
El control efectivo del déficit enviaría dos mensajes contundentes a destinatarios distintos: la población y los mercados internacionales. Para la ciudadanía, una reducción del déficit se relaciona con el control del gasto superfluo por parte del gobierno y con una mayor eficiencia en el recaudo, lo que contribuiría a recuperar la credibilidad institucional. Para los mercados, en cambio, el mensaje gira en torno a la disciplina fiscal necesaria para conservar el grado de inversión, el cual dependerá del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que establece un déficit máximo del 4% del PIB para 2025, 3.4 puntos porcentuales menos que en 2024.
Hasta ahora, los números no muestran un panorama alentador para ninguno de los dos destinatarios. No se ha presentado a la opinión pública un plan concreto de contención del gasto, pese a problemas ampliamente conocidos, como las mal denominadas “botellas” o los salarios y gastos estratosféricos en ciertos niveles del Estado. De hecho, se ha anunciado que el recorte de la planilla no es una prioridad, debido al posible impacto en el desempleo. Estas rigideces, aunque heredadas, requieren atención inmediata.
Es probable que los recortes provengan de una menor inversión pública, así como de un efecto estadístico derivado de un gasto considerable que no se repetirá este año: las cuentas por pagar, que en 2024 representaron un desembolso cercano a los $870 millones.
Una parte de la estrategia para equilibrar las finanzas públicas se ha centrado en los ingresos. Aunque hasta abril se registró un incremento del 14% en los ingresos corrientes, se observa una caída del 7.6% en el recaudo del ITBMS, lo que contrasta con la eficiencia esperada de la Dirección General de Ingresos. En esta ecuación también se incluye un apartado que pasó desapercibido, pero es muy relevante: el saldo de las cuentas de ahorro individual que, antes de la reforma a la CSS, no se contabilizaban dentro del balance fiscal del SPNF y que ahora se registrarán como ingresos extraordinarios, contribuyendo contablemente al cumplimiento del déficit tope de este año.
Bajo un escenario que combina ingresos extraordinarios y recortes en rubros específicos, es plausible acercarse a la meta fiscal anual. La pregunta, sin embargo, es si ese cumplimiento será sostenible, considerando los desafíos estructurales de las finanzas públicas: en la última década, los gastos han crecido a una tasa promedio anual del 5.4%, mientras que los ingresos lo han hecho apenas al 2.9%. Además, según el CIAT (2025), Panamá es el país de la región cuyo gasto tributario —es decir, los ingresos que se dejan de percibir por exenciones— representa la mayor proporción del recaudo potencial. En otras palabras, somos el país que “más ingresos deja sobre la mesa”.
Será necesario realizar evaluaciones de impacto que permitan determinar si todas las exenciones actuales son costo-eficientes y justificables en el contexto fiscal que enfrentamos. Veremos si, al final, las cuentas terminan por “cuadrar”.
El autor es economista y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
