Cuando analizamos esta figura constitucional, es necesario verificar ciertos antecedentes históricos. Primero, no es la primera vez que se hace en nuestro país. Para la Constitución de 1904, se realizó al ser nuestra primera constitución. No obstante, para la Constitución de 1946, fue la primera vez que se logró un consenso nacional ante el clima de incertidumbre que existía en ese momento. Como resultado, el presidente Ricardo de la Guardia presentó un reglamento para la elección de 46 constituyentes en una población con poco más de un millón de habitantes. En efecto, se dio la oportunidad de participación a figuras independientes y de los partidos políticos, quienes realizaron las listas correspondientes, saliendo panameños de todas las esferas, desde empresarios, abogados, doctores, etc.
Lo importante es que se convocó a todos los ciudadanos para presentar su postulación como constituyente, y posteriormente electos, se congregaron por espacio de un año dando forma, desde mi óptica, a la mejor Constitución que ha tenido Panamá, la de 1946, por lo democrático de su proceso y por la participación libre y espontánea de toda la sociedad. Claro, esta gran constitución fue finalmente abolida por la de 1972, pero para entender esto debemos considerar que el clima político de nuestro país era distinto en ese momento. Se había generado un golpe de estado por los militares, interrumpiendo de esta forma el proceso democrático y pacífico de la sociedad panameña, utilizando la fuerza de las armas, que se valida de forma legal por medio de la Constitución de 1972.
Esta constitución de 1972 tiene como característica principal el centralizar el poder en la figura del presidente, lógicamente al nacer de un proceso dictatorial. Lastimosamente, se ha mantenido vigente por décadas, generándose solamente reformas, que ya son cuatro: las de 1978, 1983, 1993-1994 y 2004. Nuestra constitución no aguanta un parche más; hay que realizar una nueva, generando de esta forma la construcción de un nuevo contrato social que logre gestionar los consensos para esta tan fragmentada democracia panameña.
Ahora bien, una de las propuestas en campaña de varios candidatos fue la constituyente originaria, y existen cuestionamientos sobre la forma de hacerla y su validez jurídica. Sin embargo, desde mi criterio, está plenamente validada al utilizar el proceso que se realizó en 1946. Es decir, primero el fundamento constitucional es el artículo 2 de la Constitución, que indica lo siguiente: “el poder público emana del pueblo”.
Es el pueblo, es el soberano en elegir si quiere o no una nueva Constitución, y para ello, solo deberíamos preguntarle por medio de un referéndum o plebiscito. Luego de esto, si la respuesta del pueblo fuera que sí, entonces se confeccionaría un reglamento por parte del Tribunal Electoral, expresando los tiempos, la cantidad de constituyentes y el proceso total de elección de los mismos.
Además, esta figura no es nueva, ni en Panamá ni mucho menos en otras latitudes. Para muestra está la Constitución colombiana de 1991, un ejemplo constitucional para América Latina, y recientemente el caso de Chile.
En consecuencia, no debemos tener miedo a un proceso que tiene por objetivo final generar un acuerdo entre las bases sociales de nuestra sociedad. Satanizar la misma figura, expresando que luego de eso se pueden tomar el poder, no es correcto. No pasó en la de 1946, ni tampoco sucedió en la de 1972, por consiguiente, no tiene por qué pasar en la nueva constituyente.
El autor es profesor de la Universidad de Panamá.
