¿Por qué el contralor de la República afirmó que en la concesión de los puertos “los maletines llovían”? No dio detalles específicos, pero dijo que eso lo sabe “todo el mundo” y añadió que el contrato es “leonino”, recordándonos algunos hechos.
No olvidemos que en el año 2002 se otorgó una equiparación a la empresa Panamá Ports Company (PPC), bajo el gobierno de Mireya Moscoso, a través de la Resolución 14 de 2002 del Ministerio de Comercio, por la cual se enmendó el Contrato Ley de 1997, exonerando a la empresa del pago de varios millones de dólares anuales entre 2002 y 2021.
Luego, en el gobierno de Martín Torrijos, se expidió el Decreto 58 de 2005, mediante el cual se derogaba la resolución de equiparación. Pero ese decreto —que no fue publicado en Gaceta Oficial, al redactarse que entraba en vigor desde su aprobación y no desde su promulgación— no incluyó la reviviscencia de las cláusulas 2.3.1 y 2.3.2 originales, las cuales habrían obligado a PPC a retomar de inmediato los pagos millonarios eliminados en el gobierno de Moscoso. Por ello, sería entendible, aunque injustificable, la no publicación del Decreto 58, para que nadie advirtiera semejante desatino.
A raíz de un recurso de nulidad presentado ante la Sala Tercera de la Corte por algunos diputados contra la resolución de equiparación, PPC incorporó en el expediente una copia autenticada del Decreto 58 de 2005 que eliminaba dicha equiparación, con el aparente propósito de que se decretara la sustracción de materia, lo que efectivamente ocurrió.
Sin embargo, aunque a primera vista parecería que a PPC no le convenía que se declarara ilegal la resolución, en realidad no perdía nada: el decreto expedido por Torrijos no incluyó la figura de la reviviscencia, por lo que los efectos de la equiparación se mantenían, al no recibir el Estado los millones sustraídos con dicha medida. PPC perdía poco o nada, y la sustracción de materia eliminaba el riesgo de que la Sala Tercera, al fallar la ilegalidad, incluyera la reviviscencia que el Decreto 58 omitió.
El contralor ha dicho que Panamá debió recibir 1,337 millones de dólares por los contratos suscritos sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, pero que solo ingresaron 483 millones, lo que causó un perjuicio de 854 millones. Este monto correspondería, aproximadamente, a lo que el país habría recibido entre 2002 —cuando se expidió la resolución de equiparación— y 2021 —al momento de la renovación—, si se hubiesen mantenido vigentes las cláusulas 2.3.1 y 2.3.2 del contrato original.
Dichas cláusulas establecían el pago de una anualidad fija de 22.2 millones de dólares, revisable cada cinco años, y el 10% de las entradas brutas provenientes de todas las fuentes de ingreso de PPC en los puertos. Ingresos millonarios e importantes para el Estado desaparecieron con la equiparación de Moscoso y con la falta de reviviscencia en el decreto de Torrijos.
Sin mencionar nombres, el contralor se refirió a funcionarios “malos panameños”, que habrían estado muy cerca de las negociaciones de los puertos a lo largo de los años. Dijo que “negociaron muy mal” y que por eso tiende a “pensar mal”. Tal vez sea esta la razón por la cual, luego de presentar sendos recursos de inconstitucionalidad ante el pleno de la Corte y de nulidad ante la Sala Tercera, ha planteado la posibilidad de una lluvia de maletines a lo largo del tiempo.
El contralor también ha descrito estos puertos como un “enclave colonial” dentro del territorio nacional. Una afirmación que contrasta con el mensaje oficial del gobierno panameño, que insiste en que China no controla el Canal de Panamá. Pero los resultados no se logran con declaraciones, sino con hechos. Habrá que esperar, entonces, lo que determinen los recursos presentados ante el pleno y la Sala Tercera.
El autor es abogado.
