Mediante Resolución de Gabinete 54 de 14 de junio 2023, publicada en Gaceta Oficial 29806 de 19 de junio de 2023, se aprobó el contrato de concesión minera sobre los derechos exclusivos para explotar, extraer, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico cobre y, en conjunto con la exploración y explotación del cobre, sus minerales asociados, en cuatro zonas con un área total de 12,955 hectáreas en los corregimientos de Coclé del Norte, distrito de Donoso, y de San Juan de Turbe y Nueva Esperanza, distrito especial Omar Torrijos Herrera, provincia de Colón, a celebrarse entre el Estado y Minera Panamá, S.A.
En el primer resuelto de la resolución se estableció que el texto acordado del contrato se anexa y forma parte de la presente resolución. ¡Ups!, pero adivinen: el texto acordado del contrato no fue anexado, menos publicado en Gaceta Oficial. Situación que contraviene y violenta la misma Resolución 54 aludida.
¿Qué habrá pasado? ¿Se les olvidó, alguien metió la pata (o la mano), fue una orden “de arriba” o decidieron bajo cuerda las partes no publicarlo? Sea cual sea la razón, violaron la ley. Tanto así que no existe constancia formal de que el documento publicado desde el 24 de marzo, disponible para consulta pública en el portal agora.gob.pa, en la sección “Contrato Minera Panamá”, fuese el documento acordado.
Porque simplemente todo indica que no les dio la gana publicarlo en Gaceta Oficial. Posiblemente con razones de sobra, cuando el propio presidente de la República expresó en una reciente entrevista sobre el documento que él mismo tiene algunos temas “con interrogantes” que deben ser tan delicados, agregó, al señalar que no va a decir cuáles son. O lo que es igual, el gobierno no quiso nunca que la ciudadanía tuviera en sus manos el contrato de marras.
Sobre todo, porque el documento virtual en la plataforma Ágora, no se podía imprimir. Hablemos claro: pretendían ejercer una discusión sin que la sociedad tuviera en frente el documento para sustentar sus comentarios, sino que se descifrara desde la misma memoria de lo que podríamos recordar de la plataforma Ágora. Eso fue así, hasta que a un ciudadano se le ocurrió compilar un libro con el contrato, incluyendo opiniones de panameños que dan la voz de alerta.
Pero esto no lo es todo. El Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Colón, elaborado por este gobierno en 2022, también calificado como la “Ruta Estratégica hacia una Vida Digna”, sobre la concesión minera dice en su página 31: “La explotación de la mina aun cuando implica construcción de infraestructura vial y portuaria, estas no mejoran el acceso de los productores rurales a los mercados. El cambio climático podrá causar inundaciones en las planicies bajas de los ríos. La mina Cobre Panamá representa un desastre ecológico incalculable que impactará severamente sobre todos los recursos naturales renovables del área y contribuirá al empobrecimiento del suelo y de los residentes a mediano plazo. Incrementará la sedimentación y la contaminación de los suelos, el agua y el aire. Habrá movimientos migratorios de agricultores pobres de Coclé y de trabajadores hacia la mina. Eso implicará un incremento de asentamientos humanos ilegales y podrá intensificar la carencia aguda de servicios básicos e infraestructura de trasporte a corto plazo, la cual recaerá en el gobierno central”. Y como si esto fuera poco, este plan lo presenta el pasado 7 de septiembre a la Asamblea Nacional el ministro de la Presidencia, como el proyecto de ley “que adopta el plan de desarrollo integral de la provincia de Colón y se crea la corporación para el desarrollo integral de Colón”, según lo aprobado en el Consejo de Gabinete.
Otra muestra más de las contradicciones, incoherencias e incongruencias de un contrato minero que, por los desatinados mensajes e irracionales actuaciones del gobierno, fueron suficientes para no atreverse a publicarlo en Gaceta Oficial, aunque para ello hubiese que violar la ley.
El autor es abogado
