No entiendo dónde estaban quienes protestan por la Ley 462 de reforma a la CSS de Panamá, si el presidente de la República abrió el escenario para la participación de toda la población panameña y fue debatido públicamente hasta consolidar un documento que describiera en su contenido la esencia de lo que se quería: no aumentar la edad de jubilación y establecer los fundamentos económicos factibles para continuar por lo menos por un periodo de seis años confiadamente y sin apremios financieros.
Esos son visos del nuevo contrato social aquí en Panamá, aunque considero que es en el vecino país donde el presidente está demostrando ser el adalid de la representación de la voluntad del pueblo, y lo corroboró el Papa León XIV en su primera homilía en el Vaticano, quien lo mencionó como ejemplo de un presidente social humanista, más que progresista. Un hecho que no tuvo acogida en los medios de comunicación al servicio de las oligarquías capitalistas de la mayoría de países latinoamericanos, ultraderechistas y muchas veces corruptos, como lo dijo Andrés M. López O. al destacar a México y Colombia como “narcoestados”.
Y, un poco en discordancia con el primer mandatario panameño, no hay izquierda que sea antidemocrática; lo que hay son anarquistas, por supuesto antidemocráticos, que a la final sirven a políticos corruptos enquistados en el gobierno, perjudicando a una gran población falto de solución a necesidades básicas en todos los órdenes.
Sin embargo, y muy a pesar de todo lo que está sucediendo en el orbe, el coronavirus, que ha mutado y sigue causando muertes, ha puesto de relieve la importancia del ser humano por encima de la riqueza de unos pocos en cada país latinoamericano, llevando al gobierno panameño y al colombiano a tomar otras medidas complementarias a las de emergencia sanitaria que, dicho sea de paso, siempre ha sido deficiente por no decir precaria, en todas estas latitudes. Medidas para atacar tanto los virus de la salud como el del hambre, que ha venido matando a muchas más personas en el mundo desde que éste existe, con la Ley 462 en Panamá y la Reforma Pensional en Colombia que, pese a su aprobación en el Congreso, aún enfrenta trabas para aliviar la situación de millones de viejos que aún pasan dificultades sanitarias y económicas para sobrevivir en ambos países.
Tampoco entiendo cómo congresistas estadounidenses pretenden intervenir en las políticas administrativas y judiciales de estos dos países hermanos porque, a decir verdad, dichos personajes no gozan de autoridad moral para representar un Estado que se ha caracterizado por apoyar guerras entre países para hacer negocio con los armamentos y tratar de demostrar que atacan el narcotráfico, cuando en Estados Unidos nunca ha caído un solo individuo involucrado en dicho comercio ilícito. Por el contrario, son partidarios de evitar el enjuiciamiento del personaje que la justicia en Colombia ya está demostrando con nexos, no solo con el paramilitarismo, sino también con esa red internacional de tráfico de estupefacientes y que, aun en la situación en que se encuentra, sigue tratando de desconocer la independencia del poder judicial, incitando a sus aún seguidores a generar actos de sublevación y violencia, cuando el mismo gobierno colombiano ha demostrado ser justo y equitativo con todas las clases y grupos políticos del país, en un intento de reinicio de la política y las instituciones hacia el futuro inmediato.
Este es un cambio de políticas, tanto en Colombia como en Brasil, que el gobierno de Estados Unidos en manos de Donald Trump no ve con buenos ojos, porque empieza a desaparecer la sumisión del patio trasero de América y surge la visión de nuevos horizontes socioeconómicos en otras latitudes.
Pero esto no para ahí: será necesario establecer un nuevo contrato social, porque se vislumbra una polarización mundial entre los países que comulgan con el “capitalismo salvaje”, como lo calificó el Washington Post (canibalismo), representado por el bloque Euro-USA, versus el bloque de países BRICS, que ha empezado a conquistar a los países de Latinoamérica con un capitalismo moderado, progresista, o diríamos más “social humanista”. Estos están tomando partido, más hacia el reconocimiento del Estado Palestino, lo que representaría una tendencia hacia el rechazo de la posición injusta de Israel en el conflicto entre esos dos países, y hacia el no intervencionismo en ninguno de los gobiernos de los países de América Latina.
El autor es docente universitario.
