El 24 de abril la Organización Marítima Internacional (OMI) informó a la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) que había sido seleccionada para albergar uno de los cinco centros de cooperación en tecnologías marítimas (CCTM), en este caso para la región de América Latina. El centro le ofrecía una excelente oportunidad a Panamá y a la UMIP para proyectarse internacionalmente como un centro de excelencia educativa y de clase mundial. El proyecto es financiado por la Comisión Europea y supervisado por la OMI. El financiamiento asignado es por un millón de euros hasta diciembre de 2019.
Como es típico de un contrato con un organismo internacional, el contrato para establecer aquí el CCTM regional tenía una serie de condiciones o “entregables” con fechas de cumplimiento.
El primer entregable era establecer físicamente el centro, contratar al personal y esto debía realizarse en 30 días a partir de la firma del contrato.
Tal como lo establecen los requisitos gubernamentales, el contrato entre la OMI y la UMIP debía primero ser refrendado por la Contraloría General de la República. Luego de mucho subir y bajar escaleras, el contrato fue refrendado tres meses después de la firma entre UMIP y OMI. Los contratos del personal no podían ser aprobados hasta que el contrato principal fuese refrendado, por lo que los contratos del personal igual, subieron y bajaron escaleras, hasta que finalmente el contrato del director del centro fue refrendado el 8 de septiembre.
Para terminar de complicar las cosas, la UMIP se había voluntariado al cambio de sistema financiero llamado Istmo, lo que generó la inhabilitación de todos los trámites administrativos y financieros por más de dos meses.
Como era previsible luego de tanta dilación, la OMI canceló la inauguración del centro y ha puesto en entredicho la continuidad del proyecto. No sé cuál será la suerte del contrato entre la UMIP y la OMI, pero ojalá tenga un buen final. Los procesos burocráticos no funcionan a la velocidad de los requerimientos del organismo internacional y, en semejante escenario, es muy difícil cumplir con los entregables contratados.
No puedo culpar a la OMI, pues imagino su extrañeza al observar que un contrato tome cinco meses en firmarse, igual que la compra de un escritorio tome tres meses; pero es nuestra realidad y con este caso quedan al descubierto una vez más las falencias de nuestra abultada y deficiente burocracia.
No estamos preparados para jugar en las grandes ligas, pues funcionamos con procesos del tercer mundo.
Panamá tiene un gran potencial para aprovechar sus ventajas competitivas y convertirse en el hub de servicios marítimos y logísticos más importante de las Américas, pero los panameños debemos comprender que las reglas del juego de estas industrias no permiten ineficiencias. Todo lo pertinente al transporte y a la logística internacional requiere de aplicación de normativas y reglas de estricto cumplimiento.
No podemos esperar que el mundo se ajuste a las nuestras, nos toca ajustarnos a las reglas del mundo si queremos competir en ese nivel de excelencia. Lo hizo Singapur, Sur Corea, Holanda, China, y esa ha sido la clave de su éxito.
La clave del éxito de cualquier gestión es planificar y ejecutar; ello se traduce en productividad y competitividad.
Pero no hay plan que se pueda ejecutar con la agilidad que demandan los actores internacionales aplicando los anacrónicos procesos burocráticos del sector público panameño. Este pequeño caso pone de relieve lo que vive todo el sector público; también explica lo que ocurre en los sectores salud, educación, logística, transporte y en nuestro sistema de seguridad social.
Lo que en la empresa privada toma un día, en el sector público, con suerte, puede que tome un mes.
Y en el caso de compras, lo que en el mercado cuesta un dólar, en el sector público puede que cueste tres. En buena medida, a la burocracia se debe que muchas empresas se nieguen a ser proveedoras del gobierno, pues los trámites son engorrosos y el tiempo que demora en recibir los pagos por la venta de bienes y servicios es una carga que pocos están dispuestos a aceptar.
Al final, en el caso del contrato de la OMI y la UMIP, el país no solo pierde una valiosa oportunidad, también pierde la economía por los aportes que este centro generaría. Si Panamá no asume con responsabilidad la urgente necesidad de modernizar el Estado, seguiremos perdiendo oportunidades como la que inspira este comentario.
El autor es consultor independiente
