Ciertamente, ningún gobierno se ha interesado en corregir las causas de los altos precios de los medicamentos y resolver el desabastecimiento en la Caja de Seguro Social (CSS). Tampoco se interesó la actual Administración durante sus primeros tres años de gestión. Solo la presión ciudadana provocó su reacción, pero con medidas improvisadas que han traído más problemas que soluciones.
Se trata, como ya es costumbre en este gobierno, de una improvisación más frente a una situación coyuntural. Así, como ya se sabe, ordenó la rebaja del precio de los medicamentos en las farmacias privadas sin medir las consecuencias de esa medida, como la reacción de los dueños de las más de 400 pequeñas farmacias que primero decidieron cerrar y ahora han acudido a la Corte Suprema de Justicia para impugnar la decisión del Ejecutivo.
La reacción del Gobierno ante la oposición de las pequeñas farmacias fue autorizar la importación directa de medicamentos, por medio de un decreto ejecutivo. Una nueva improvisación, ya que la Ley 24 del 29 de enero de 1963 no lo permite y una ley está por encima de un decreto, lo cual deja en un limbo legal a las farmacias hasta que no se cambie la ley.
En realidad, una acción que impactaría a la mayoría de los panameños es que se logre el 100% del abastecimiento de medicamentos de la CSS. Pero no ha habido voluntad de hacerlo, a pesar de que existe la tecnología que lo permitiría y la ya citada Ley 1 de 2001. Con esto resuelto, habría medicamentos para el 80% de la población y el 100% de los pensionados y jubilados.
Lo segundo que se debe hacer es acortar los tiempos para la autorización de la Dirección de Farmacia y Drogas y del Instituto de Análisis. Se trata de un procedimiento que en Panamá toma 14 meses, cuando en países de Centroamérica el mismo trámite se hace en 4 meses como máximo. Según expertos consultados, el proceso podría hacerse en dos meses.
Para lograr esto, es necesario dotar a la Dirección de Farmacia y Drogas de los equipos que permitan automatizar los procesos, así como permitir la apertura de otros laboratorios de análisis.
Igualmente, se deberían establecer fórmulas para que los medicamentos de Estados Unidos y Europa que tienen la aprobación de sus entes reguladores (FDA y EMA, respectivamente) pueden ingresar a Panamá de forma expedita.
También es importante hacer hincapié en el hecho de que, de establecerse un sistema único de atención en salud, se resolvería completamente el tema de acceso a medicamentos.
Mientras esto se implanta, el gobierno debe tomar las medidas para que se produzca una real disminución en el precio de los medicamentos, apoyando a las pequeñas farmacias que no cuentan con la estructura financiera y logística para utilizar la Ley 1 del 2001 y realizar compras directas en el extranjero. Y ese apoyo podría darse a través del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipaccop), para que se organicen en forma de cooperativas e importen grandes cantidades de medicamentos a bajo precio. Igualmente, se debe promover la instalación de laboratorios productores de medicamentos, aprovechando nuestra posición geográfica.
Estas y otras medidas nos ayudarán a que los panameños tengamos medicamentos accesibles, algo que no solo ayudará al ciudadano, sino a todo el sistema de salud pública. Y es que si una persona padece enfermedades crónicas -como diabetes o hipertensión, por señalar las de mayor incidencia- y toma sus medicamentos regularmente, tendría menos posibilidades de sufrir complicaciones que resulten en mayores gastos para el sistema de salud.
Cuando los gobiernos sean proactivos, planteen medidas integrales, estructurales y no improvisaciones, evitaremos el caos recientemente vivido, así como los falsos mesías que se aprovechan de las insatisfacciones ciudadanas para vender ideologías fracasadas.
El autor es miembro fundador del Movimiento Otro Camino.
