Estamos en un momento crucial para la historia del país. La salvación de la Caja de Seguro Social (CSS) ocupa el centro del debate público, y mientras se discute sobre ajustes paramétricos, la autonomía del director o los rendimientos financieros, se deja de lado uno de los problemas más graves: la retención indebida de cuotas obrero-patronales.
Este delito no solo vulnera los derechos laborales de los trabajadores, sino que amenaza la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social. Es inadmisible que en Panamá, donde la evasión y retención de cuotas alcanza niveles alarmantes, las consecuencias legales para los responsables sigan siendo insuficientes.
La legislación actual, específicamente el artículo 195-D del Código Penal, establece penas de 2 a 4 años de prisión. Sin embargo, cualquier sanción menor de cinco años suele traducirse en multas o trabajos comunitarios, sin garantizar justicia para las víctimas. Esto genera un entorno de impunidad que incentiva la evasión fiscal y perpetúa el daño a los trabajadores y al sistema de bienestar social.
Reforma propuesta
Modificación del artículo 195-D del Código Penal: Quien retenga indebidamente las cuotas obrero-patronales y no las remita a la Caja de Seguro Social dentro de los tres meses posteriores al surgimiento de la obligación incurrirá en una pena de prisión de 4 a 6 años. Si se trata de una institución pública, entidad autónoma o empresa privada con más de 25 empleados, la pena será de 6 a 8 años. Como pena accesoria, se establecerá la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período igual al de la pena de prisión.
Incentivos para el pago del adeudo: Artículo 195-E: Si el adeudo se liquida antes de la imputación de cargos, la pena podrá reducirse a la mitad.
Propuesta adicional: Los delitos contra el Estado, como el desvío o la retención de fondos públicos, deben ser declarados imprescriptibles. Esto eliminaría cualquier beneficio de subrogados penales y garantizaría que quienes atenten contra el bienestar común enfrenten la justicia sin excepciones.
El robo al Estado no es un crimen sin víctimas; afecta a cada panameño y residente. Incrementar las penas no solo busca castigar, sino prevenir que estas acciones sigan socavando las bases de nuestro sistema de seguridad social. Es hora de actuar con firmeza para asegurar un futuro justo y sostenible.
La autora es abogada y docente.
