Por mucho que se intente dorar la píldora, el grupo de diputados que está saboteando el rescate de la Caja de Seguro Social lo hace pensando en su campaña re-eleccionaria al final de este quinquenio. Proponer un “estudio actuarial” para dentro de seis años que, en forma absurda, decida sobre el aumento de la edad de jubilación es, por decir lo menos, confirmación del predominio de su interés personal sobre el de la sociedad. Sus acciones de hoy no les relevarán de los castigos que recibirán por haber fracasado a sabiendas.
No se puede jugar contra el país entero: el proyecto original presentado por el Órgano Ejecutivo está claramente entendido como un estudio económico y financiero que contiene parámetros precisos para proteger a futuro los programas de la institución, previendo también posibles desviaciones estadísticas. Hablamos de estimación científica de los costos y beneficios futuros probables, del equilibrio financiero, de la consideración del ritmo del crecimiento demográfico, y del funcionamiento y desarrollo del mercado laboral. Esto es tan solo una parte de la dimensión socioeconómica del proyecto, que no admite ni especulación ni dilación.
Repitiendo numerosas advertencias del Dr. Francisco Bustamante, la propuesta de aumento de la edad de jubilación se basa fuertemente en consideraciones demográficas, dado que la expectativa de vida ha aumentado en forma importante. Mientras la población actual va envejeciendo, la que está creciendo depende del desarrollo del mercado de trabajo, y en su mayoría pertenece a los estratos más vulnerables. En este entorno, no hay nuevos cotizantes que entran al sistema y esta situación es la razón principal para resguardar la estructura orgánica y funcional de la Caja de Seguro Social con sentido de permanencia. Eso hace increíble que al proyecto de ley 163 le hayan introducido casi 300 modificaciones, y que también se suponga que dentro de seis años lo imprescindible de ahora habrá desaparecido por arte de magia. Lo que sí puede suceder, por el interés puramente político de algunos diputados, es que desaparezca hasta la capacidad del Estado para cubrir interinamente las carencias de la Caja. Y así le tocaría a la próxima Asamblea reanudar la burla a los asegurados.
Los de la propuesta de los seis años desconocen —o no entendieron— el trabajo altamente profesional que produjo el proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo, que, en mi opinión, seccionó debidamente todos los aspectos relevantes, tanto orgánicos como funcionales y financieros. Aunque faltó algo: se le habría podido quitar a la Asamblea el poder de decisión sobre el financiamiento y tratamiento técnico-financiero de las variables de todo el sistema previsional; por lógica y especialización, esto debe corresponder autónomamente a la Junta Directiva de la Caja con su Junta Técnica-Actuarial. Es imposible aceptar que haya quien no comprenda que lo que busca la Caja de Seguro Social es la protección de los panameños frente a las contingencias físicas y sociales de un enorme segmento de la sociedad.
Es la esperanza de que las distintas etapas de la vida se cumplan con un nivel adecuado de dignidad, y no en condiciones precarias; es reciprocidad acordada entre todos; no es política electoral. El país entero le pidió a la Asamblea Nacional su apoyo a la sostenibilidad y estabilización de la Caja de Seguro Social, pensando que había llegado el momento de la renovación de ambas instituciones. Bueno, queda poco tiempo para el dictamen final: o continúa la nociva interferencia politiquera, o recuperamos esta exigencia social, que es aspiración ética de la ciudadanía entera. El incumplimiento de su responsabilidad hará que la ley carezca de validez.
El autor fue embajador ante las Naciones Unidas.
