Los ataques y la persecución de ambientalistas a nivel mundial son un triste reflejo de las tensiones entre el creciente movimiento por la sostenibilidad y los intereses establecidos en el desarrollo económico tradicional. A medida que la crisis climática y la destrucción del medio ambiente se intensifican, también lo hace la presión sobre quienes defienden el medio ambiente, convirtiéndolos en blancos de ataques violentos y persecuciones legales.
Uno de los factores que contribuyen a esta situación es el enfrentamiento inherente entre el activismo ambiental y los intereses económicos. Las industrias extractivas, como la minería, la tala de bosques y la agricultura a gran escala, a menudo se sienten amenazadas por las restricciones propuestas por los ambientalistas, que se materializan en acciones judiciales. En varias regiones del mundo, especialmente en América Latina, África y Asia, estas tensiones han alcanzado un punto crítico, ya que las empresas buscan explotar recursos naturales que los ambientalistas tratan de proteger. En muchos casos, quienes se interponen en el camino de estas actividades enfrentan violencia y acoso, y en muchos otros, atentados contra su integridad física y su vida, como ocurrió con Francisco Alves Mendes (Chico Mendes) en Brasil.
El Estado, frente a estos actos, tiene una obligación primigenia, como lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Fleury y otros vs. Haití. Fondo y reparaciones, sentencia de 23 de noviembre de 2011, de tomar medidas de protección para los defensores ambientales. Señaló la Corte: “para tales efectos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales de protección de las defensoras y defensores, acordes con las funciones que desempeñan, contra los actos de violencia que regularmente son cometidos en su contra, y, entre otras medidas, deben protegerlos cuando son objeto de amenazas...”.
En muchos países, las demandas frívolas se han utilizado como una herramienta para agotar los recursos de los activistas y entorpecer su labor (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Esta práctica perversa utiliza el sistema judicial como arma para frenar el avance de la protección ambiental.
Como ejemplo de lo expuesto, recientemente en Panamá, la empresa Ocean Pacific Financial Services Corp., promotora del proyecto Puerto Barú, ha iniciado acciones penales contra grupos ambientalistas que presentaron demandas de nulidad del estudio de impacto ambiental de su proyecto. Sin embargo, en vez de refutar los argumentos técnicos expuestos por estos grupos —destrucción de un área protegida, falta de concesión administrativa e ineficaz acto de participación ciudadana, entre otras graves deficiencias—, han reaccionado contra el mensajero para tratar de acallarlo, haciendo uso de la vía criminal, buscando sembrar e infundir miedo y convirtiendo a esta jurisdicción en un brazo de presión.
Frente a esto, no podemos asumir una posición silente, ignorando el problema, que es de suma gravedad, ya que se está gestando un escenario de persecución judicial contra todo aquel que tenga ideas contrarias a un funcionario, personaje político o empresa, como es el caso que nos ocupa. La defensa del ambiente no es solo un derecho, sino una obligación, y cualquier ciudadano, frente a un desmán o ilegalidad ambiental cometido por cualquier persona, debe denunciarlo inmediatamente.
Es crucial que la comunidad internacional tome un papel más activo en la protección de los defensores del medio ambiente. Esto incluye la implementación efectiva de acuerdos internacionales y directrices sobre derechos humanos y medio ambiente. También hay una necesidad apremiante de que los países introduzcan leyes que protejan explícitamente a los activistas ambientales, junto con medidas para implementar estas leyes de manera efectiva y justa.
En resumen, los ataques y la persecución de ambientalistas son un indicativo preocupante de las tensiones que provocan en inversionistas privados los cuestionamientos sobre sus proyectos, basados en argumentos técnicos, ambientales y legales sobre su impacto negativo en el medio ambiente.
El autor es abogado.
