La participación ad honorem de las hijas del presidente José Raúl Mulino en un recorrido por edificaciones históricas deterioradas no debería, por sí misma, ser motivo de controversia. Se trata de jóvenes profesionales de la arquitectura, deseosas de aportar al rescate patrimonial del país, un gesto que, en principio, merece reconocimiento y no censura.
Sin embargo, la controversia no surge por sus intenciones, sino por los antecedentes y las compañías presentes en dicho recorrido, entre ellas, un arquitecto condenado por corrupción en el caso Blue Apple. El hecho de que la actividad haya sido promovida y divulgada desde cuentas oficiales del Gobierno le otorga un carácter institucional que exige mayor rigor y prudencia en la elección de quienes participan.
El Gobierno ha querido reducir la discusión a una supuesta campaña mediática contra las hijas del presidente Mulino, presentándolas como víctimas del exceso de celo periodístico por el simple hecho de recorrer —ad honorem— una edificación pública deteriorada. Sin embargo, el fondo del asunto no radica en la buena intención de dos jóvenes arquitectas, sino en la opaca compañía y el oscuro contexto del proyecto que las rodea.
La prensa —particularmente La Prensa— no cuestionó la vocación de servicio de las hijas del presidente. Lo que señaló, con razón, fue, basado en dichos antecedentes, el mensaje equivocado que transmite la presencia de una persona con antecedentes penales en una actividad oficial. La respuesta del Gobierno, enfocada en presentar a las participantes como víctimas de un ataque mediático, distorsiona el sentido del debate: no se trata de sus intenciones personales, sino de la ética pública que debe regir los actos del poder.
Según declaraciones del propio mandatario, la remodelación fue adjudicada por más de $7 millones. Aunque el proyecto fue objeto de licitación pública y existen pliegos y especificaciones técnicas, lo cuestionable no radica en el procedimiento formal, sino en las justificaciones del costo, que, a simple vista, resultan desproporcionadas.
Si se toma el monto declarado y se aplica al área visible del edificio, hablamos de aproximadamente $4,500 por metro cuadrado. ¿En qué país del mundo cuesta tanto recuperar paredes viejas? Esa cifra supera incluso los estándares de construcción nueva de lujo, lo que convierte la “restauración patrimonial” en una joya arquitectónica… al menos en el papel del presupuesto. Aún más contradictorio resulta que el propio Gobierno ha insistido en que el país se encuentra en una “contención del gasto”.
Y más inquietante aún es que el supuesto contratista —de nombre discreto, pero de historial conocido— ya ha sido beneficiado con otras contrataciones envueltas en polémicas. El patrón se repite: los mismos nombres, las mismas fórmulas, los mismos silencios.
En este momento, el contrato debe estar por ser enviado a refrendo, y como sabemos, es el Contralor quien tiene la última palabra. Sin embargo, también sabemos que hay quienes lo llaman y logran hacerlo cambiar de opinión, moviendo la línea entre lo correcto y lo incorrecto, según convenga. Es allí donde el control se convierte en complacencia y la institucionalidad en una simple formalidad.
Por eso, cuando los medios informan que las hijas del presidente estuvieron acompañadas en ese recorrido por un arquitecto condenado en el caso Blue Apple, no están atacando a las jóvenes; están señalando una escena que revela cómo el poder acostumbra a confundirse con la impunidad.
Tenemos que comprender que, en la gestión gubernamental, los gestos comunican las decisiones. Y cuando el discurso oficial pretende minimizar los símbolos, la confianza ciudadana se erosiona. No se trata de descalificar a las hijas del presidente, sino de advertir que la transparencia también se mide por las compañías que el poder decide mantener cerca.
El verdadero problema no está en el recorrido, sino en el mensaje político que transmite: que los lazos familiares y las afinidades personales pueden moverse libremente dentro del patrimonio público, sin filtros ni explicaciones, mientras la prensa y la ciudadanía quedan relegadas al papel de espectadores incómodos.
Porque en política, como en la vida, “dime con quién andas y te diré en qué andas.” Y si el propósito es restaurar edificios, valdría la pena comenzar por las estructuras éticas del propio Gobierno, esas que hoy lucen más carcomidas que las paredes que pretenden rescatar.
El autor es empresario.
