Comenzó 2025 y lo recibimos, como todos los años, con protestas en las calles. Esta vez, el tema del momento es el proyecto de ley 163, que busca reformar la Ley 51 de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social, que, junto con el Canal de Panamá, se han convertido en instituciones cuyos ataques unen al pueblo panameño, independientemente de sus ideales políticos o económicos.
Las reformas a la Caja del Seguro Social se están enfocando en tres bloques: su gobernanza, su prestación de servicios de salud y su programa de pensiones de jubilación e inversiones. Era de esperarse que estos temas en torno a la Caja iban a ser objeto de controversia por las diferencias de posiciones entre los sectores sociales y económicos directamente afectados por estas reformas. Lo único que espero es que este proyecto de ley no se convierta en un escenario para que la politiquería siga causando más daño a esa institución.
Las protestas no se hicieron esperar. El Suntracs y grupos afines fueron los primeros en salir a la calle a expresar su descontento con este proyecto de ley, cosa que reconozco públicamente, aunque de que no esté de acuerdo con algunos de sus métodos. Y más ahora con actos ocurridos el miércoles 12 de febrero del año en curso en su protesta en las inmediaciones del nuevo Hospital del Niño, que está en proceso de construcción.
En efecto, los implicados en esos actos deben ser procesados judicialmente sin excepción. A mi juicio, más que una protesta, lo que hubo fue prácticamente un intento de asesinato cuando los obreros de la construcción presentes en esa protesta comenzaron a lanzar ladrillos desde arriba del edificio sin pensar que pudieron haber asesinado a algún policía o a cualquier persona que estuviese pasando por allí. Ojo, no estoy excusando a los policías que estuvieron allí, porque ellos también se excedieron en el uso de la fuerza al usar gases lacrimógenos, sin saber si estaban vencidos, contra los obreros de la construcción que inicialmente estaban desarmados, por lo que también deberían ser procesados judicialmente.
Pero, independientemente de que ciertos métodos del Suntracs para protestar sean totalmente indefendibles, lo que más me llama la atención es que los obreros de la construcción fueron procesados judicialmente sin mayor demora y los que se han robado millones de dólares del erario pasan agachados y el sistema judicial se demora para abrirles expedientes e investigarlos. Eso es totalmente inadmisible e intolerable en una democracia. Que a los más humildes que trabajan por su pan los judicializan con mayor rapidez a la menor falta o delito que cometen y los que se hicieron millonarios a costa del Estados están durmiendo tranquilos sabiendo que el sistema judicial no los está alcanzando con esa misma rapidez.
En fin, la insensatez se ha convertido en una regla, tanto en dictadura militar como en la supuesta democracia que estamos viviendo desde 1989. Y hoy el país está pagando las consecuencias. La Caja del Seguro Social no debe ser utilizada para que los gobernantes de turno se llenen los bolsillos en detrimento de los asegurados y los jubilados. Recapacitemos antes de que sea demasiado tarde. ¡Dios bendiga a la Patria!
El autor es especialista en mercadeo y comercio internacional.
