En la historia política de América Latina hay un patrón que se repite con insistente precisión: la persecución de líderes sindicales que, lejos de silenciarlos, termina por catapultarlos al estatus de referentes nacionales, e incluso a la presidencia de sus países. Este fenómeno, lejos de ser una excepción, demuestra cómo los intentos de represión pueden convertirse en un boomerang político para los gobiernos que, en su afán de sofocar la disidencia, acaban por encender la chispa de la movilización popular.
El reciente caso de Saúl Méndez, dirigente sindical panameño y excandidato presidencial, vuelve a poner este tema en el centro del debate. Su solicitud de asilo político en una sede diplomática, alegando persecución por parte del gobierno nacional tras su participación en las protestas contra la Ley 462 —la controvertida reforma al sistema de seguridad social— no solo evidencia el endurecimiento del discurso oficial, sino que también plantea una pregunta incómoda: ¿están las autoridades panameñas alimentando, sin quererlo, la figura de un nuevo líder social con proyección histórica?
Las protestas que recorren Panamá no son espontáneas ni anárquicas; responden a un descontento acumulado por decisiones que gran parte de la población percibe como contrarias a sus intereses. La Ley 462, que modifica el sistema de pensiones, ha sido rechazada con fuerza por diversos sectores sociales, especialmente por quienes ven amenazada su estabilidad económica y su dignidad futura. En este contexto, el movimiento sindical —con Méndez como uno de sus rostros más visibles— ha canalizado ese malestar mediante manifestaciones, actos de resistencia y llamados a la movilización cívica.
La respuesta del poder Ejecutivo, sin embargo, ha sido de confrontación. La criminalización de la protesta y la persecución selectiva de líderes no solo evocan capítulos oscuros de la historia latinoamericana, sino que también evidencian una desconexión profunda entre las élites políticas y las demandas populares. De hecho, la narrativa oficial parece ignorar las lecciones del pasado: desde Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hasta Evo Morales en Bolivia, pasando por Rafael Correa en Ecuador e incluso Salvador Allende en Chile, todos fueron en algún momento figuras estigmatizadas por sus posiciones contestatarias, y todos encontraron en la represión el trampolín que los impulsó hacia las más altas esferas del poder.
Saúl Méndez podría no ser la excepción. Su perfil como líder sindical combativo, su cercanía con las bases trabajadoras y su coherencia discursiva lo colocan en una posición potencialmente poderosa si la narrativa gubernamental insiste en el hostigamiento. Al intentar desarticular la protesta mediante el temor, las autoridades corren el riesgo de convertirlo en mártir y, con ello, en símbolo de lucha para las clases marginadas.
La historia enseña que los pueblos no olvidan fácilmente a quienes defienden sus derechos con convicción. Y si algo ha demostrado América Latina es que la represión política, lejos de contener la efervescencia social, suele potenciarla. Los líderes sindicales perseguidos ayer pueden ser los presidentes de mañana.
El autor es escritor y máster en administración industrial.
